La última reforma de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de julio de 2025, ha introducido importantes cambios en el marco regulatorio de la prevención de lavado de dinero en México. Uno de los aspectos más destacados es la incorporación del Capítulo IV Bis, que establece un nuevo régimen para el Beneficiario Controlador.
El nuevo régimen define al Beneficiario Controlador como aquella persona que, directa o indirectamente, posee o controla el 25% o más del capital social o de los derechos de voto de una entidad, o quien de cualquier otra forma ejerce el control efectivo sobre una persona moral. Este concepto, ahora ampliado, incluye tanto al “beneficiario final” como al “propietario real”, fortaleciendo así el marco de transparencia y trazabilidad en las operaciones financieras.
El Capítulo IV Bis de la LFPIORPI está compuesto por los siguientes artículos relevantes:
Las entidades sujetas a la LFPIORPI deben cumplir con una serie de obligaciones en relación con el Beneficiario Controlador, detalladas en los Artículos 17 y 18, que ahora incluyen:
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Beneficiario Controlador puede resultar en severas sanciones, conforme al Artículo 54 de la LFPIORPI, que incluyen:
La implementación del Capítulo IV Bis fortalece significativamente el sistema de prevención de lavado de dinero en México, al:
El nuevo régimen del Beneficiario Controlador bajo la LFPIORPI representa un paso crucial en la consolidación del marco regulatorio de la prevención de lavado de dinero en México. Las entidades deben asegurarse de cumplir con estas nuevas obligaciones para evitar sanciones y contribuir eficazmente a la integridad del sistema financiero nacional.
Actúa ahora: Asegúrate de que tu organización esté al día con las nuevas regulaciones del Beneficiario Controlador. Implementa políticas efectivas y capacita a tu equipo para cumplir con estos importantes requisitos.
1. ¿Qué es un Beneficiario Controlador? Un Beneficiario Controlador es aquella persona que posee o controla directa o indirectamente el 25% o más del capital social o los derechos de voto de una entidad.
2. ¿Cuáles son las sanciones por no identificar al Beneficiario Controlador? Las sanciones pueden incluir multas de 200 a 65,000 veces el valor de la UMA, o entre el 10-100% del valor de la operación.
3. ¿Cómo deben las entidades conservar la información del Beneficiario Controlador? La información debe conservarse por un periodo mínimo de 10 años, según lo estipulado en el Artículo 18, fracción IV.
4. ¿Por qué es importante el nuevo régimen del Beneficiario Controlador? Este régimen fortalece la transparencia y trazabilidad en las operaciones financieras, reduciendo el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
]]>El lunes 6 de abril, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022 con seis votos a favor y tres en contra, avalando la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para incluir a personas y empresas en su Lista de Personas Bloqueadas —y con ello inmovilizar sus cuentas bancarias— sin necesidad de una orden judicial previa.
Los ministros determinaron que el bloqueo no constituye una sanción penal, sino una medida cautelar de carácter administrativo y preventivo destinada a proteger el sistema financiero nacional frente a operaciones sospechosas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. El fallo también interrumpió dos jurisprudencias previas que condicionaban el bloqueo a una solicitud expresa de autoridad extranjera.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, desde el inicio de la actual administración, la UIF ha inmovilizado alrededor de 5,000 millones de pesos vinculados a la delincuencia organizada y a empresas fachada. El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, enfatizó que ninguna persona o empresa con actividades lícitas debe preocuparse por esta determinación.
Sin embargo, el sector empresarial reaccionó con alarma. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la medida podría vulnerar la presunción de inocencia, y varios especialistas alertaron sobre el riesgo de una “muerte financiera” para personas y empresas bloqueadas sin sentencia judicial de por medio.
¿Por qué importa? Esta resolución eleva significativamente el riesgo regulatorio para cualquier entidad que realice actividades vulnerables. Mantener un expediente de cumplimiento sólido, con una identificación rigurosa de clientes y un monitoreo continuo de operaciones, es hoy más crítico que nunca para evitar aparecer en la lista de bloqueados.
Fuentes: El Financiero, La Jornada, Expansión, Infobae
El sábado 11 de abril, múltiples medios reportaron los hallazgos del Internet Crime Report 2025 del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. El informe posiciona a México como el segundo destino global de transferencias asociadas a fraudes cibernéticos, con 1,782 operaciones documentadas durante 2025, únicamente superado por Hong Kong (1,858 operaciones).
Este dato representa un deterioro respecto a 2024, cuando México ocupaba el tercer lugar con 1,498 transacciones ilícitas. Las pérdidas globales por ciberdelitos superaron los 20,800 millones de dólares en 2025, un incremento del 26% respecto al año anterior.
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció el 7 de abril la intensificación de acciones para perseguir a los responsables de ciberfraudes, con investigaciones y sanciones tanto a operadores locales como internacionales.
¿Por qué importa? Que México figure como destino predilecto para guardar dinero de origen cibercriminal pone en alerta a las instituciones financieras, fintechs y a cualquier empresa que reciba transferencias electrónicas de forma habitual. El sistema financiero mexicano debe fortalecer sus controles de monitoreo transaccional y mecanismos de detección de operaciones inusuales, especialmente en operaciones transfronterizas.
Fuentes: Infobae, Excélsior, LJA.mx
Aunque la publicación fue el 27 de marzo, la semana que concluye fue la primera semana completa de vigencia del decreto que reforma el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicado en el DOF y vigente desde el 30 de marzo de 2026. Se trata de la primera modificación sustancial al reglamento desde 2013.
Entre los cambios más relevantes para los sujetos obligados destacan:
Las empresas tienen hasta julio de 2026 para actualizar sus sistemas, políticas y programas de cumplimiento conforme a las nuevas disposiciones.
¿Por qué importa? La reforma endurece sustancialmente las obligaciones de cumplimiento y los mecanismos de supervisión del SAT. Las actividades vulnerables —inmobiliarias, joyerías, notarías, arrendadoras, entre otras— deben revisar urgentemente si ya cuentan con los programas y controles que ahora son exigibles. Herramientas como Artu permiten automatizar la generación de reportes, la gestión de expedientes de clientes y el seguimiento de alertas, facilitando el cumplimiento de estas nuevas exigencias regulatorias.
Fuentes: Holland & Knight, RSM México, KYC Systems, ALDDA
Un informe de la unidad de investigación de SILIKN reveló que el uso de criptoactivos para el lavado de dinero en México creció un 55.8% en 2025 respecto al año anterior, consolidando a los activos virtuales como uno de los principales vectores de riesgo para el sistema financiero nacional.
México ha respondido alineándose con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): desde junio de 2025, la fracción XVI del artículo 17 de la LFPIORPI incluye expresamente a los activos digitales y obliga a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) a registrarse, implementar procedimientos de KYC, nombrar un oficial de cumplimiento y reportar operaciones que superen los umbrales establecidos.
Para 2026, el marco regulatorio refuerza la supervisión sobre quienes intercambian, custodian o transfieren criptomonedas de manera habitual o profesional, en paralelo con la presión internacional de Estados Unidos sobre el uso de criptomonedas por parte de carteles mexicanos.
¿Por qué importa? Las fintech, exchanges y cualquier empresa que acepte pagos en criptomonedas debe tener claridad sobre sus obligaciones bajo la LFPIORPI. El incremento acelerado del lavado de activos virtuales en México anticipa una mayor fiscalización por parte del SAT y la UIF en los próximos meses.
Fuentes: Criptonoticias, BGBG, Ley Antilavado
En el contexto de la reforma al Reglamento de la LFPIORPI, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) vio consolidadas y ampliadas sus facultades de supervisión y sanción en materia de prevención de lavado de dinero. Entre los aspectos más destacados de la semana:
¿Por qué importa? Las empresas que realizan actividades vulnerables no pueden permitirse la improvisación en materia de cumplimiento. El SAT ha demostrado una postura cada vez más activa en la fiscalización del sector. Contar con un sistema automatizado de cumplimiento, como Artu, reduce el riesgo de errores y omisiones que pueden derivar en multas millonarias.
Fuentes: KYC Systems, ST Stratego, AboLawlex
El fallo de la SCJN sobre la UIF es un parteaguas: Las empresas y personas con actividades lícitas no deben temer, pero sí deben tener sus expedientes de cumplimiento al día. Un bloqueo, aunque temporal, puede paralizar operaciones. La prevención es la única estrategia viable.
El posicionamiento de México como destino de lavado cibernético exige acción inmediata: Los sistemas de monitoreo de operaciones inusuales deben actualizarse para detectar patrones vinculados a fraudes en línea y transferencias de alto riesgo, especialmente provenientes del extranjero.
El nuevo Reglamento de la LFPIORPI ya no es “próximo”: es presente. Las auditorías, los programas de cumplimiento y la gestión de PEPs son obligaciones vigentes. Las empresas que aún no han actualizado sus políticas están en riesgo de multas directas.
Las criptomonedas son hoy un vector de riesgo prioritario. El crecimiento del 55.8% en lavado de activos virtuales en México no es un dato menor: los VASPs y empresas que aceptan cripto deben revisar urgentemente su marco de cumplimiento AML/KYC.
El SAT tiene dientes —y los está usando. La ampliación de facultades de fiscalización y la posibilidad de multas directas sin procedimiento previo cambia el cálculo de riesgo para cualquier sujeto obligado que no tenga sus controles actualizados.
La tecnología marca la diferencia. Ante un entorno regulatorio cada vez más exigente, soluciones especializadas como Artu permiten a las empresas con actividades vulnerables automatizar su cumplimiento PLD/FT, gestionar expedientes, monitorear operaciones y generar reportes al SAT de manera eficiente y confiable.
¿Tienes preguntas sobre cómo estas novedades regulatorias afectan a tu empresa? Consulta nuestros artículos especializados en PLD.mx o conoce cómo Artu puede ayudarte a cumplir con la LFPIORPI de forma automatizada.
]]>Con la reforma de julio 2025, las obligaciones de KYC se ampliaron significativamente: ahora incluyen la identificación de Personas Políticamente Expuestas (PEPs), mecanismos automatizados de seguimiento y una nueva definición ampliada del Beneficiario Controlador.
El Artículo 18 establece tres fracciones específicas de identificación:
“Identificar y conocer de manera directa a las personas Clientes o Usuarias con quienes realicen la Actividad Vulnerable y verificar su identidad basándose en documentos u otros medios de identificación con reconocimiento oficial, así como recabar copia de los mismos.”
Puntos clave:
Cuando se establezca una Relación de negocios (formal y habitual), se debe solicitar información sobre la actividad u ocupación del cliente, basándose en los avisos de inscripción y actualización del RFC.
Esta es una de las fracciones más importantes y que más cambió con la reforma 2025:
Para personas morales, fideicomisos u otra figura jurídica:
Para personas físicas:
La reforma 2025 amplió significativamente esta definición (Art. 3, fracción III). Es la persona física que:
a) Obtiene, en última instancia, el beneficio de goce, uso, disfrute, aprovechamiento o disposición del bien o servicio derivado de la operación, o
b) Ejerce el control efectivo en última instancia de la persona moral, lo cual incluye:
Nuevo en 2025: La definición de Beneficiario Controlador es equiparable a “beneficiario final” y “propietario real”. Esto alinea la terminología mexicana con los estándares internacionales del GAFI.
La nueva fracción IX Bis del Art. 3 define a las PEPs como personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas en México o en el extranjero, así como sus personas relacionadas.
Obligaciones adicionales para PEPs:
No todos los clientes requieren el mismo nivel de escrutinio. Las mejores prácticas establecen tres niveles:
Para clientes de bajo riesgo:
El proceso normal para la mayoría de clientes:
Para clientes de alto riesgo:
Presta especial atención cuando:
Recuerda: Según el Art. 21, debes abstenerte de realizar la operación cuando el cliente se niegue a proporcionar información, sin responsabilidad alguna para ti.
Solicita la documentación según el tipo de cliente (persona física o moral). Usa formatos estandarizados que cumplan con las Reglas de Carácter General.
No basta con copiar los documentos — verifica:
Verifica que el cliente no aparezca en:
Clasifica al cliente según su nivel de riesgo (bajo, medio, alto) usando la metodología de tu evaluación basada en riesgos (Art. 18, fracción VII).
Decide si procedes con la operación o te abstienes conforme al Art. 21.
El KYC no es un evento único. Actualiza expedientes periódicamente y monitorea las operaciones contra el perfil transaccional del cliente.
La ley no establece una periodicidad específica, pero las mejores prácticas recomiendan: anualmente para clientes de alto riesgo, cada 2-3 años para riesgo medio, y cada 3-5 años para bajo riesgo. Siempre que haya un cambio significativo en el perfil del cliente.
Sí. El Art. 18 fracción I permite “documentos u otros medios de identificación con reconocimiento oficial”. La verificación digital es válida siempre que cumpla con los requisitos de las Reglas de Carácter General.
Para personas físicas extranjeras sin RFC, debes solicitar el documento equivalente de su país de origen y documentar la situación en el expediente.
No completamente. El Art. 22 establece que la presentación de avisos no implica transgresión a obligaciones de secreto profesional. Sin embargo, la fracción XI del Art. 17 incluye una referencia al “respeto al secreto profesional y garantía de defensa”.
Un proceso de KYC sólido es la piedra angular de cualquier programa de cumplimiento PLD. Con la reforma 2025, las exigencias son más altas: debes identificar PEPs, tener mecanismos automatizados de monitoreo y realizar evaluaciones basadas en riesgo.
La buena noticia es que herramientas como Artu pueden automatizar todo el proceso de KYC/KYB, incluyendo la verificación de identidad, consulta de listas y evaluación de riesgo, reduciendo lo que antes tomaba horas a minutos.
En próximos artículos profundizaremos en el KYC específico para cada tipo de actividad vulnerable y cómo adaptar tu proceso según tu industria.
]]>En esta guía analizamos qué necesitas automatizar, cómo elegir la herramienta correcta, y por qué Artu se ha posicionado como la solución líder para el mercado mexicano.
La mayoría de las empresas que realizan actividades vulnerables en México todavía gestionan su cumplimiento PLD de forma manual:
Los riesgos de este enfoque son claros:
Basándonos en las 11 obligaciones del Artículo 18 de la LFPIORPI reformada, estos son los procesos que necesitan automatización:
Artu es el único software en México que ofrece compliance 360 para todas las actividades vulnerables de la LFPIORPI. No es una adaptación de un software extranjero — fue diseñado desde cero para la regulación mexicana.
Artu utiliza inteligencia artificial para entregar un software completamente hecho a la medida de cada empresa. El proceso:
| Módulo | Qué hace | Obligación LFPIORPI |
|---|---|---|
| KYC / KYB + EBR | Identificación de clientes, personas morales y Evaluación Basada en Riesgo | Art. 18 fracciones I, II, III, VII |
| Monitoreo Transaccional | Detección automática de operaciones inusuales, cálculo de umbrales, alertas | Art. 18 fracción X |
| Reportes / Avisos | Generación automática de avisos XML para la SHCP, avisos de 24 horas | Art. 18 fracción VI |
| Característica | Artu | Otros softwares | Manual |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento 360 para actividades vulnerables | Si | No | No |
| AML especializado para cada actividad | Si | No | No |
| Potencial de automatización | 100% | 30% | 0% |
| Plataforma completamente modular | Si | No | No |
| Tiempo de implementación | 4 semanas | 12+ semanas | N/A |
| Reducción de costos | Hasta 15x | 2-3x | Referencia |
Empresas como Jeeves, Nubank, Rio y REAP ya usan Artu para su cumplimiento PLD. Estas empresas manejan miles de operaciones mensuales y necesitan una plataforma que escale con ellas.
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Diseñado para la LFPIORPI — El software debe cubrir las 16 fracciones del Art. 17, no ser una adaptación de regulación extranjera (FATF genérico, BSA, etc.)
Cobertura 360 — KYC + Monitoreo + Avisos + Evaluación de riesgo en una sola plataforma. Usar 3-4 herramientas separadas genera brechas y complejidad innecesaria.
Automatización real (100%) — No solo digitalización. El software debe generar avisos, calcular umbrales y alertar automáticamente, no solo almacenar datos.
Implementación rápida — Cada semana sin un sistema de cumplimiento adecuado es una semana de riesgo regulatorio. Busca implementaciones de menos de 6 semanas.
Modularidad — Poder elegir solo los módulos que necesitas. Una inmobiliaria no necesita lo mismo que una plataforma de criptomonedas.
Actualización regulatoria — La LFPIORPI se reforma. Tu software debe actualizarse sin costo adicional cuando cambien los umbrales o las reglas.
La ley no exige un software específico, pero el Art. 18 fracción X exige “mecanismos automatizados” de monitoreo. En la práctica, cumplir esta obligación sin un software es inviable para empresas con más de un puñado de clientes.
Depende del volumen de operaciones y los módulos que necesites. Artu ofrece cotizaciones personalizadas basadas en tu actividad. En general, el costo siempre es menor que una sola multa por omisión de avisos (10,000-65,000 UMA).
Para operaciones muy pequeñas, técnicamente sí para algunas obligaciones. Pero no cumplirías con la fracción X del Art. 18 (mecanismos automatizados) ni con la trazabilidad que exige la SHCP en una visita de verificación.
4 semanas desde la firma del contrato hasta tener el sistema operando con tus datos.
La automatización del cumplimiento PLD es una exigencia legal desde la reforma 2025, no una opción nice-to-have. El Art. 18 fracción X es claro: necesitas mecanismos automatizados.
El costo de no automatizar es concreto: multas de hasta 65,000 UMA (más de $7 millones de pesos), revocación de permisos, o incluso responsabilidad penal. El costo de automatizar con una plataforma como Artu es una fracción de eso — y se implementa en 4 semanas.
]]>Si tu empresa realiza cualquiera de estas actividades, tienes la obligación de cumplir con la LFPIORPI. En esta guía detallamos cada una con sus umbrales actualizados.
Cada actividad tiene dos tipos de umbrales expresados en veces el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización):
Dato clave: Si una persona realiza operaciones acumuladas en un periodo de 6 meses que superen los umbrales de aviso, también se genera la obligación de reportar. Esto previene la estructuración o fraccionamiento de operaciones para evadir los umbrales.
Casinos, salas de juego y establecimientos que operen al amparo de permisos de la Secretaría de Gobernación.
| Concepto | Umbral |
|---|---|
| Identificación | 325 UMA |
| Aviso | 645 UMA |
Incluye la venta de boletos, fichas, pago de premios y cualquier operación financiera con los participantes.
La emisión o comercialización habitual o profesional (distinta a la de Entidades Financieras).
| Tipo | Identificación | Aviso |
|---|---|---|
| Tarjetas de servicios o crédito | 805 UMA (gasto mensual) | 1,285 UMA (gasto mensual) |
| Tarjetas prepagadas | 645 UMA por operación | 645 UMA por operación |
| Instrumentos de valor monetario | 645 UMA por operación | 645 UMA por operación |
Emisión y comercialización habitual o profesional, distinta a la realizada por Entidades Financieras.
El ofrecimiento habitual o profesional de préstamos por sujetos distintos a Entidades Financieras.
La realización habitual de actividades de construcción, desarrollo o intermediación en la transmisión de propiedad de inmuebles.
La recepción de recursos destinados a llevar a cabo un Desarrollo Inmobiliario (construcción de inmuebles o fraccionamiento de lotes) para venta o renta.
Esta fracción es particularmente relevante porque ahora cubre específicamente a los desarrolladores inmobiliarios desde la etapa de captación de recursos, no solo la venta final.
La comercialización o intermediación habitual de oro, plata, platino, diamantes, esmeraldas, rubíes, zafiros, joyas y relojes.
| Concepto | Umbral |
|---|---|
| Identificación | 805 UMA |
| Aviso | 1,605 UMA |
Subasta o comercialización habitual de obras de arte, antigüedades y objetos de colección.
| Concepto | Umbral |
|---|---|
| Identificación | 2,410 UMA |
| Aviso | 4,815 UMA |
Comercialización o distribución habitual de vehículos aéreos, marítimos o terrestres.
| Concepto | Umbral |
|---|---|
| Identificación | 3,210 UMA |
| Aviso | 6,420 UMA |
Prestación habitual de servicios de blindaje.
| Concepto | Umbral |
|---|---|
| Identificación | 2,410 UMA |
| Aviso | 4,815 UMA |
Con excepción de Banco de México e instituciones de depósito de valores.
Abogados, contadores y otros profesionales que en nombre de clientes realicen: compraventa de inmuebles, administración de recursos, manejo de cuentas, constitución de sociedades o fideicomisos.
Esta fracción tiene 4 apartados:
A. Notarios públicos:
B. Corredores públicos:
C. Servidores públicos con facultad de dar fe pública.
D. Personas facilitadoras de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (nuevo apartado, reforma 2025).
Por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro.
| Concepto | Umbral |
|---|---|
| Identificación | 1,605 UMA |
| Aviso | 3,210 UMA |
Agentes aduanales, apoderados aduanales y agencias aduanales. Aplica para el despacho de: vehículos, máquinas de juego, equipos para tarjetas de pago, joyería (485+ UMA), obras de arte (4,815+ UMA) y materiales de blindaje.
Constitución de derechos de uso o goce de bienes inmuebles.
| Concepto | Umbral (mensual) |
|---|---|
| Identificación | 1,605 UMA |
| Aviso | 3,210 UMA |
Plataformas de intercambio de activos virtuales distintos a Entidades Financieras. La reforma 2025 amplió su alcance para incluir operaciones con ciudadanos mexicanos desde otra jurisdicción.
| Concepto | Umbral |
|---|---|
| Aviso por operación del cliente | 210 UMA |
| Aviso por contraprestación del servicio | 4 UMA |
Además, deben obtener información del originante, receptor y Beneficiario Controlador de cada operación.
La LFPIORPI prohíbe pagar con efectivo (monedas, billetes, divisas o metales preciosos) las siguientes operaciones:
Multiplica el número de UMA por el valor diario vigente de la UMA. Consulta el valor actualizado en el sitio del INEGI.
No generas obligación alguna. Pero si la suma acumulada en 6 meses supera el umbral de aviso, sí estás obligado a reportar.
Sí, a través de Entidades Colegiadas que tengan convenio con la SHCP (Arts. 26-31).
Si tu actividad económica no está en las 16 fracciones del Art. 17, no estás obligado bajo la LFPIORPI. Sin embargo, si eres Entidad Financiera, te rigen las disposiciones de la Sección Primera.
Conocer si tu actividad está catalogada como vulnerable es el primer paso para cumplir con la LFPIORPI. Los umbrales determinan cuándo debes identificar clientes y cuándo presentar avisos — ignorarlos puede resultar en multas de hasta 65,000 UMA o incluso la clausura de tu negocio.
En PLD.mx seguiremos publicando guías específicas para cada actividad vulnerable, con los procedimientos detallados de cumplimiento para cada una.
]]>Esta guía cubre todo lo que necesitas saber sobre la LFPIORPI con la última reforma publicada el 16 de julio de 2025.
Según su Artículo 2, el objeto de la ley es “proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita”.
En palabras simples: la LFPIORPI obliga a ciertos negocios (los que realizan “actividades vulnerables”) a identificar a sus clientes, monitorear sus operaciones y reportar a la SHCP cuando detectan operaciones sospechosas o que superen ciertos montos.
La ley aplica a dos grandes grupos:
Bancos, casas de bolsa, aseguradoras, SOFIPOS, fintechs y demás entidades reguladas por la CNBV. Estas se rigen por sus propias leyes especiales además de la LFPIORPI.
Este es el grupo más amplio y donde la mayoría de las empresas se ven afectadas. El Artículo 17 establece 16 fracciones de actividades vulnerables:
| Fracción | Actividad | Umbral de identificación |
|---|---|---|
| I | Juegos con apuesta, concursos y sorteos | 325 UMA |
| II | Tarjetas de servicios, prepago y valor monetario | 645-805 UMA |
| III | Cheques de viajero | 645 UMA |
| IV | Operaciones de mutuo o préstamos | 1,605 UMA |
| V | Construcción o desarrollo de bienes inmuebles | 8,025 UMA |
| V Bis | Desarrollo Inmobiliario (nueva, reforma 2025) | 8,025 UMA |
| VI | Metales preciosos, piedras preciosas y joyería | 805 UMA |
| VII | Obras de arte | 2,410 UMA |
| VIII | Vehículos nuevos o usados | 3,210 UMA |
| IX | Blindaje de vehículos e inmuebles | 2,410 UMA |
| X | Traslado o custodia de dinero o valores | 3,210 UMA |
| XI | Servicios profesionales independientes | Siempre |
| XII | Servicios de fe pública (notarios y corredores) | Variable |
| XIII | Recepción de donativos (asociaciones sin fines de lucro) | 1,605 UMA |
| XIV | Comercio exterior (agentes aduanales) | Variable |
| XV | Arrendamiento de inmuebles | 1,605 UMA/mes |
| XVI | Activos virtuales (criptomonedas) | 210 UMA |
Nota importante: Los umbrales se expresan en veces el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización). Esta fue una actualización de la reforma 2025 que antes usaba el salario mínimo como referencia.
La reforma de julio 2025 amplió significativamente las obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables. El Artículo 18 ahora establece 11 fracciones:
Identificar y verificar clientes (fracción I) — Solicitar documentos oficiales, recabar copias, verificar identidad de manera directa.
Obtener información de actividad económica (fracción II) — Para relaciones de negocios, solicitar datos basados en el RFC del cliente.
Identificar al Beneficiario Controlador (fracción III) — Cuando el cliente es persona moral, fideicomiso u otra figura jurídica, se debe identificar a quien posea 25%+ del capital o ejerza control efectivo.
Custodiar y conservar documentación por 10 años (fracción IV) — Toda la documentación debe conservarse en el domicilio registrado ante la SHCP, de manera física o electrónica.
Facilitar visitas de verificación (fracción V) — Brindar todas las facilidades para inspecciones de la SHCP.
Presentar Avisos e Informes (fracción VI) — Incluyendo la nueva obligación de presentar aviso dentro de las 24 horas siguientes cuando se sospeche de operaciones con recursos ilícitos, incluso si la operación no se celebró.
Evaluación basada en Riesgos (fracción VII) — Implementar un enfoque que permita identificar, analizar y mitigar riesgos propios y de los clientes.
Manual de Políticas Internas (fracción VIII) — Documentar criterios, medidas y procedimientos de cumplimiento, incluyendo seguimiento a Personas Políticamente Expuestas (PEPs).
Capacitación anual (fracción IX) — Programas de capacitación para directivos, representantes encargados de cumplimiento y empleados que tengan contacto con clientes.
Mecanismos automatizados de monitoreo (fracción X) — Sistemas para monitoreo permanente de operaciones, identificar las que no correspondan al perfil transaccional y dar seguimiento a PEPs y clientes de alto riesgo.
Auditoría anual (fracción XI) — Auditoría interna o externa (dependiendo del nivel de riesgo) para evaluar la efectividad del cumplimiento.
El Capítulo VII (Artículos 52-61) establece un régimen de sanciones severo:
| Infracción | Multa |
|---|---|
| No cumplir requerimientos de la SHCP (Art. 53-I) | 200 a 2,000 UMA |
| Incumplir obligaciones del Art. 18 (Art. 53-II) | 200 a 2,000 UMA |
| Presentar avisos fuera de tiempo (Art. 53-III) | 200 a 2,000 UMA |
| Incumplir Art. 33 sobre uso de efectivo (Art. 53-V) | 2,000 a 10,000 UMA |
| Omitir avisos (Art. 53-VI) | 10,000 a 65,000 UMA |
| Operaciones prohibidas con efectivo (Art. 53-VII) | 10,000 a 65,000 UMA o 10-100% de la operación |
Además, el incumplimiento reiterado puede resultar en:
El Artículo 62 establece prisión de 2 a 8 años para quien proporcione información falsa en los avisos. El Artículo 63 establece prisión de 4 a 10 años para servidores públicos que usen indebidamente la información o para quien revele datos de los avisos sin autorización.
Determina si realizas una actividad vulnerable — Revisa las 16 fracciones del Artículo 17.
Alta en el padrón del SAT — Regístrate como persona que realiza actividades vulnerables a través del portal electrónico (nueva fracción IV Bis del Art. 18).
Designa un Representante Encargado de Cumplimiento — Si eres persona moral, debes designarlo ante la SHCP y mantener vigente la designación (Art. 20).
Elabora tu Manual de Políticas Internas — Documenta tus procedimientos de KYC, monitoreo y presentación de avisos.
Implementa procesos de KYC — Crea formatos de identificación para personas físicas y morales, incluyendo la identificación del Beneficiario Controlador.
Implementa mecanismos de monitoreo — Establece controles para detectar operaciones que superen umbrales o resulten inusuales.
Presenta avisos mensualmente — A más tardar el día 17 del mes siguiente, a través de los medios electrónicos que establece la SHCP.
Capacita a tu personal — Programas anuales que incluyan difusión de la ley y del Manual de Políticas Internas.
Realiza tu evaluación de riesgos — Identifica y documenta los riesgos específicos de tu actividad y tus clientes.
Programa tu auditoría — Interna (si tu riesgo es bajo o medio) o externa (si es alto).
Los avisos se presentan mensualmente, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al que se realizó la operación (Art. 23). Excepto cuando se sospeche de operaciones ilícitas, en cuyo caso el plazo es de 24 horas.
Según el Art. 21, debes abstenerte de realizar la operación sin responsabilidad alguna cuando el cliente se niegue a proporcionar la información o documentación requerida.
10 años a partir de la fecha de realización de la actividad vulnerable (Art. 18, fracción IV). Si existe un recurso o juicio pendiente, el plazo se interrumpe hasta que la resolución quede firme.
Sí. La fracción XVI del Art. 17 regula el intercambio de activos virtuales, y la reforma 2025 amplió su alcance para incluir operaciones con ciudadanos mexicanos realizadas desde otra jurisdicción.
La LFPIORPI no es opcional — es una obligación legal con consecuencias severas por incumplimiento. Con la reforma de julio 2025, las obligaciones se ampliaron significativamente, especialmente en materia de evaluación de riesgos, monitoreo automatizado y auditoría.
La buena noticia es que cumplir no tiene que ser complicado. En PLD.mx publicamos artículos diarios para ayudarte a navegar cada aspecto de la ley. Y si buscas automatizar tu cumplimiento, plataformas como Artu pueden reducir la carga operativa hasta 15 veces.
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