La semana del 9 al 15 de mayo de 2026 resultó especialmente intensa en materia de prevención de lavado de dinero en México. Se destapó uno de los esquemas de blanqueo de activos más grandes de la última década, un juez federal puso punto final al caso de CIBanco con una orden de liquidación judicial, y expertos e instituciones internacionales volvieron a encender las alarmas sobre el riesgo de que México sea incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI. Todo esto en un contexto en que la Unidad de Inteligencia Financiera, o UIF, continúa ampliando sus capacidades tras el fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que validó su poder para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de orden judicial. Pasemos a revisar cada uno de estos temas.

El SAT y la FGR destapan red de lavado por casi 10 mil millones de pesos

Uno de los grandes titulares de la semana fue la revelación de que el Servicio de Administración Tributaria, conocido como SAT, en coordinación con la Fiscalía General de la República, o FGR, detectaron una presunta red de lavado de dinero por casi 10 mil millones de pesos operada en menos de tres años. Las empresas señaladas son Optimización Dalga, Lovies y OHAT, algunas de las cuales ya habían sido declaradas por el SAT como empresas factureras de manera definitiva.

Según los datos dados a conocer, entre enero de 2016 y octubre de 2019, las empresas registraron más de 17 mil 500 depósitos por más de 9 mil 600 millones de pesos, y realizaron más de 55 mil retiros por una cantidad casi equivalente. La simetría entre entradas y salidas es, precisamente, uno de los patrones clásicos del lavado de activos: el dinero entra, se mueve aceleradamente y sale hacia otros destinos para dificultar su rastreo. La FGR busca ahora imputar formalmente a seis personas relacionadas con estas empresas.

En tamaño, este caso solo es superado judicialmente por el del exdirectivo de Black Wallstreet Capital, procesado por el blanqueo de 15 mil millones de pesos entre 2014 y 2022. Para los sujetos obligados bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como LFPIORPI, este tipo de casos refuerza la importancia de identificar señales de alerta como la acumulación de transacciones fraccionadas, la falta de actividad económica real del cliente o los cambios bruscos en los volúmenes de operación.

Jueza federal ordena la liquidación de CIBanco

Otro hito de la semana fue la resolución emitida por una jueza del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, que declaró oficialmente la liquidación judicial de CIBanco. Esta decisión cierra un proceso que comenzó en mayo de 2025, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la institución financiera por presuntamente participar en una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico, en particular al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.

La sentencia designa al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, o IPAB, como liquidador judicial, quien asumirá la posesión y administración de todos los bienes y derechos que integran el patrimonio de la institución. La resolución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. CIBanco era una institución con activos considerables, y su cierre, junto con las investigaciones paralelas que tocaron a Intercam y la casa de bolsa Vector, recuerda que ninguna institución financiera es inmune al escrutinio regulatorio cuando los controles internos fallan.

Para el ecosistema de cumplimiento en México, este caso es una señal clara: las autoridades estadounidenses están dispuestas a ejercer presión directa sobre entidades financieras mexicanas que no cuenten con programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo robustos y efectivos.

México enfrenta el riesgo de caer en la lista gris del GAFI

Pasemos ahora a uno de los temas de mayor calado estratégico de la semana. Un reportaje publicado el 14 de mayo por la revista Expansión Política analiza con detalle los factores que podrían llevar a México a ser incluido en la lista gris del GAFI, el organismo intergubernamental que establece los estándares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

El diagnóstico es preocupante. En México, de cada cien personas acusadas de lavado de dinero, menos del uno por ciento llega a ser consignada ante un juez. Además, Estados Unidos ya emitió una calificación desfavorable al país en materia de prevención de blanqueo de activos, señalando controles débiles. A esto se suman fallas estructurales reconocidas: escasez de recursos para las autoridades supervisoras, capacitación insuficiente del personal y tiempos de adaptación muy cortos frente a cambios regulatorios acelerados.

Cabe recordar que el 27 de marzo de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma el Reglamento de la LFPIORPI, actualizando normas que databan de 2013 e incorporando, entre otras novedades, un capítulo específico sobre personas políticamente expuestas, o PEP, con la obligación de las autoridades de publicar un listado actualizado y de que los sujetos obligados lo consulten de manera periódica. Este tipo de reformas apuntan en la dirección correcta, pero los analistas advierten que los esfuerzos normativos deben ir acompañados de capacidad operativa real para que México convenza al GAFI en la próxima ronda de evaluaciones mutuas.

Para cualquier empresa que realice actividades vulnerables, el riesgo de que México sea incluido en la lista gris del GAFI no es un asunto abstracto: implicaría un escrutinio reforzado de todas las contrapartes internacionales, mayores costos de cumplimiento y posibles restricciones en el acceso a mercados financieros globales. Plataformas como Artu, disponible en artu.ai, ayudan a las empresas a mantener sus expedientes de clientes actualizados y a monitorear listas internacionales de personas políticamente expuestas y listas de sanciones, lo cual es esencial ante evaluaciones de este tipo.

La SCJN valida el poder de la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial

En materia regulatoria, también destacó el seguimiento periodístico que continuó esta semana sobre la resolución histórica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el 6 de abril de 2026. En esa sesión, la mayoría de los ministros, con seis votos a favor y tres en contra, validó la constitucionalidad de la reforma al Artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, que faculta a la UIF para bloquear cuentas bancarias de manera preventiva, sin necesidad de una orden judicial previa ni de solicitudes provenientes de autoridades extranjeras.

La ponente del proyecto, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, argumentó que el bloqueo de cuentas es una medida cautelar destinada a proteger el sistema financiero y que no equivale a una declaración de culpabilidad ni sustituye la investigación penal. Tres ministros —Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García— votaron en contra, argumentando posibles afectaciones a la certeza jurídica de los particulares.

Las implicaciones prácticas de esta resolución son significativas. Cualquier persona física o moral puede ver sus cuentas bloqueadas si la UIF detecta movimientos que considere sospechosos, sin que medie un proceso judicial previo. Para los sujetos obligados bajo la LFPIORPI, esto subraya la urgencia de mantener programas de debida diligencia sólidos, ya que una alerta generada por una transacción mal documentada puede desencadenar consecuencias graves para sus clientes y para ellos mismos.

Los reportes antilavado de transferencias se disparan ante la UIF

Otro punto crítico de la semana es la noticia de que los reportes de operaciones antilavado relacionados con transferencias electrónicas registraron un aumento notable en lo que va del año. De acuerdo con datos de la UIF, entre enero y mayo de 2026 se entregaron más de cuatro millones de reportes de transferencias que superaron los umbrales de sospecha establecidos por la regulación. Esta cifra refleja tanto el mayor volumen de operaciones digitales como la creciente sensibilidad de los sistemas de monitoreo de las instituciones financieras.

Este incremento en los reportes es una señal positiva desde la perspectiva del cumplimiento regulatorio, pero también plantea retos: la UIF debe procesar y analizar una cantidad creciente de información para identificar los casos que realmente ameritan atención. En ese sentido, el convenio de colaboración firmado recientemente entre la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conocida como CNBV, cobra relevancia, ya que busca fortalecer la coordinación del sistema nacional antilavado y mejorar el intercambio de información entre ambas instituciones.

La UNODC impulsa alianzas contra el lavado vinculado a trata de personas

En el marco del Segundo Encuentro Nacional para la Integridad Empresarial celebrado esta semana, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, conocida por sus siglas en inglés como UNODC, participó con la ponencia titulada “Articulando Alianzas contra el Lavado de Activos y la Trata de Personas”. El objetivo central fue destacar la importancia de generar sinergias entre el sector público, el privado y la sociedad civil para cortar los flujos financieros que alimentan la trata de personas.

La participación de la UNODC recordó que el lavado de dinero no es un delito aislado: casi siempre es la consecuencia financiera de otro delito grave. En el caso de la trata de personas, los recursos generados pasan por múltiples capas de ocultamiento antes de reintegrarse a la economía formal. Empresas del sector servicios, turismo, transporte y comercio al menudeo son frecuentemente utilizadas como fachada en estos esquemas, por lo que los sujetos obligados en actividades vulnerables deben prestar especial atención a indicadores de alerta relacionados con este fenómeno.

El IMCP publica el Boletín 184 de su Comisión de Lavado de Dinero y Anticorrupción

Finalmente, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, o IMCP, publicó esta semana el Boletín 184 de su Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción. Entre los temas abordados, el boletín analiza los hallazgos de la Evaluación Nacional de Riesgos de Italia de 2024, que identifica al crimen organizado, la evasión fiscal y la corrupción como los delitos predeterminados con mayor riesgo de lavado de activos. Si bien el contexto es europeo, las conclusiones resuenan en México, donde los mismos factores están presentes y donde los contadores públicos cumplen un papel clave como sujetos obligados bajo la LFPIORPI.

El boletín también hace referencia al Informe Anual 2024-2025 del GAFI bajo la presidencia mexicana, que señala la transición hacia una nueva ronda de evaluaciones mutuas centradas en efectividad e impacto, así como actualizaciones a estándares sobre transparencia en pagos e inclusión financiera, y ocho nuevos reportes técnicos sobre riesgos emergentes. El hecho de que México haya presidido el GAFI en ese período eleva aún más el peso de la próxima evaluación: el mundo estará atento a si el país cumple con los estándares que promovió desde esa tribuna.

Conclusiones y Puntos Clave

Esta semana dejó en claro que el entorno regulatorio y de aplicación de la ley en materia de prevención de lavado de dinero en México se está endureciendo de manera acelerada. Los casos judiciales de gran escala, las resoluciones históricas de la Suprema Corte y la presión internacional del GAFI configuran un panorama en el que los sujetos obligados no pueden permitirse programas de cumplimiento superficiales o desactualizados. A continuación, los puntos más relevantes de la semana:

  • El SAT y la FGR investigan una red de lavado por casi 10 mil millones de pesos que involucra a tres empresas declaradas factureras, con seis posibles imputados en proceso de audiencia.
  • Un juzgado federal decretó la liquidación judicial de CIBanco, designando al IPAB como liquidador, tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en mayo de 2025.
  • México enfrenta el riesgo concreto de ser incluido en la lista gris del GAFI por fallas estructurales en su sistema antilavado, incluyendo la baja tasa de consignaciones y la falta de recursos en las autoridades supervisoras.
  • La Suprema Corte validó la facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa, como medida cautelar ante indicios de lavado o financiamiento al terrorismo.
  • Los reportes de transferencias sospechosas ante la UIF superaron los cuatro millones en los primeros cinco meses del año, reflejando mayor sensibilidad de los sistemas de monitoreo.
  • La UNODC subrayó el vínculo entre lavado de activos y trata de personas en el Segundo Encuentro Nacional para la Integridad Empresarial, instando a la colaboración público-privada.
  • El IMCP publicó el Boletín 184 de su comisión antilavado, con análisis de riesgos emergentes y el estado de las evaluaciones del GAFI para México.

Si tu empresa realiza actividades vulnerables bajo la LFPIORPI y quieres estar preparada ante el aumento en la supervisión y el riesgo de sanciones, Artu, en artu.ai, ofrece herramientas automatizadas de cumplimiento adaptadas a la regulación mexicana, desde la identificación del cliente hasta el monitoreo de transacciones y la generación de reportes ante la UIF.