La semana del 11 al 17 de julio de 2026 llegó cargada de fechas límite y movimientos institucionales que marcarán el segundo semestre del año para todos los sujetos obligados en México. En el plano regulatorio, el plazo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conocida como SHCP, tenía para publicar las nuevas Reglas Generales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como LFPIORPI, venció el 16 de julio — y el sector espera con atención lo que esas reglas disponen. En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera, o UIF, sumó un nuevo convenio de colaboración con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Condusef, enfocado en perseguir las llamadas “cuentas mula”. Los bancos, por su parte, están en plena fase de implementación de la nueva obligación de identificación biométrica para movimientos de efectivo de 140,000 pesos o más, en vigor desde el 1 de julio. Y en el frente del crimen organizado, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, publicaron una alerta conjunta contra el huachicol fiscal vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Pasemos a analizar cada uno de estos desarrollos con la profundidad que merecen.

El plazo de las Reglas Generales de la SHCP venció el 16 de julio: qué significa para los sujetos obligados

El evento regulatorio más importante de esta semana fue el vencimiento del plazo que la reforma al Reglamento de la LFPIORPI —publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2026— le otorgó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir las nuevas Reglas Generales de la ley. Ese plazo, fijado en cuatro meses contados desde la publicación del Reglamento, se cumplió el 16 de julio de 2026.

La publicación de estas Reglas Generales es la última pieza del nuevo marco normativo antilavado que comenzó a construirse con la reforma a la LFPIORPI aprobada en julio de 2025. Las Reglas desarrollan los procedimientos en cuatro ámbitos principales: disposiciones generales, actividades vulnerables —con énfasis en la conservación de expedientes y documentación—, presentación y contenido de los avisos al Servicio de Administración Tributaria, conocido como SAT, y visitas de verificación por parte de la autoridad. Entre las novedades más importantes se encuentra la incorporación de un aviso de 24 horas para reportar operaciones sospechosas intentadas o rechazadas, la inclusión de reglas específicas para mediadores privados, y la actualización de los formatos del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, conocida como CONCANACO SERVYTUR, y la propia UIF emitieron comunicados esta semana llamando a los negocios familiares con actividades vulnerables a monitorear el Diario Oficial de la Federación y prepararse para actualizar sus políticas, manuales y sistemas de cumplimiento tan pronto como las Reglas sean publicadas. Para los sujetos obligados en esta categoría —joyerías, notarios, inmobiliarias, casas de empeño, agencias automotrices, entre muchos otros—, el inicio del conteo de plazos de implementación arranca desde el día de publicación, por lo que la espera activa es la postura correcta en este momento.

Para las organizaciones que todavía no tienen en pie sus mecanismos de cumplimiento, plataformas como Artu ofrecen módulos para la Evaluación Basada en Riesgo, o EBR, el registro de capacitaciones, el monitoreo automatizado de operaciones y la generación de avisos al portal del SAT — todo lo necesario para cumplir con las obligaciones que las nuevas Reglas vendrán a concretar.

Fuentes: CONCANACO SERVYTUR, El Imparcial, La Verdad Noticias, Holland & Knight — junio y julio de 2026.

UIF y Condusef unen fuerzas contra las cuentas mula con nuevo convenio de colaboración

Pasemos ahora a una acción institucional que la semana anterior al cierre de esta edición dejó sentadas las bases para un combate más coordinado contra el fraude financiero organizado. El 9 de julio de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros firmaron un convenio de colaboración cuyo eje central es el rastreo geográfico de las denominadas “cuentas mula” — cuentas bancarias utilizadas por redes delictivas para recibir, movilizar y dispersar recursos obtenidos mediante fraude, extorsión u otras actividades ilícitas.

El contexto que motivó el acuerdo es revelador: durante el primer semestre de 2026, las reclamaciones por posible fraude ante la Condusef alcanzaron 43,871 reportes, lo que representa un incremento de 16.7 por ciento respecto a los 37,582 casos registrados en el mismo período de 2025. La Secretaría de Hacienda aclaró, ante las dudas que surgieron en redes sociales, que el convenio no contempla el intercambio de datos bancarios ni información personal de los usuarios; los mecanismos se circunscriben al intercambio de inteligencia financiera dentro del marco jurídico vigente y al desarrollo de acciones conjuntas de capacitación y colaboración técnica.

Para los sujetos obligados, este convenio es una señal importante: el ecosistema institucional antilavado se está integrando de manera más activa, y la capacidad de rastrear flujos ilícitos entre la red de “cuentas mula” y las instituciones financieras crecerá de manera sustancial. Las actividades vulnerables que reciben pagos de clientes a través de transferencias electrónicas deben reforzar sus procesos de debida diligencia en el origen de esos recursos, ya que la información generada por la Condusef a partir de los reportes de fraude se vuelve un insumo potencial para investigaciones de la UIF.

Fuentes: Infobae México, El Heraldo de México, El CEO, El Imparcial, Vanguardia — 9 y 10 de julio de 2026.

La nueva obligación biométrica bancaria entra en su primera semana de implementación real

Otro punto crítico de la semana es la consolidación, en el día a día de las instituciones financieras, de la nueva medida que la Asociación de Bancos de México, la ABM, implementó a partir del 1 de julio de 2026: la obligación de presentar identificación oficial y registrar al menos un dato biométrico —huella dactilar o reconocimiento facial— para realizar depósitos o retiros en efectivo de 140,000 pesos o más en ventanilla bancaria.

La semana del 11 al 17 de julio marcó la primera semana completa de operación bajo este esquema, y con ella llegaron también las primeras pruebas de estrés para los sistemas de los bancos. La ABM estableció que la integración técnica total del sistema financiero al nuevo protocolo de verificación debe completarse antes del 30 de julio de 2026. Es importante señalar que las operaciones en cajeros automáticos quedan expresamente excluidas del requisito; la medida aplica exclusivamente en las ventanillas de atención presencial.

El objetivo declarado de la medida es fortalecer la transparencia y asegurar la trazabilidad de cada peso que circule por el sistema bancario en efectivo a partir de ese umbral. Para los sujetos obligados bajo la LFPIORPI que a su vez son clientes de la banca —empresas, despachos, joyerías, desarrolladores inmobiliarios—, esta nueva capa de verificación en el origen de los recursos es complementaria a sus propias obligaciones de Conocimiento del Cliente, o KYC, y de identificación de operaciones inusuales.

Fuentes: El Imparcial, Yahoo Noticias, UnoTV, El Contribuyente, Heraldo de México — mayo a julio de 2026.

UIF y CNBV emiten alerta conjunta: el huachicol fiscal del CJNG tiene red en el sistema financiero

En materia de seguridad financiera, esta semana también destacó la publicación de controles reforzados por parte de la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, dirigidos a detectar las redes financieras detrás del llamado “huachicol fiscal” — el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, una actividad que genera flujos multimillonarios que se lavan a través del sistema financiero formal.

La UIF bloqueó más de 120 millones de pesos ligados a estas redes y solicitó formalmente a los bancos que refuercen su vigilancia. Junto con la CNBV, emitió una guía con escenarios específicos de alerta que van más allá de los esquemas tradicionales de lavado de dinero: empresas de reciente creación con movimientos financieros elevados y sin capacidad operativa verificable, transferencias nacionales e internacionales inusuales, triangulación de recursos, depósitos en efectivo y esquemas de simulación de ingresos a través de empresas fachada ligadas a los sectores energético, logístico, comercial y de comercio exterior.

El contexto internacional amplifica la relevancia de estas medidas. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó previamente a operadores vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, y su agencia de inteligencia financiera, la FinCEN, recibió más de 160 reportes de actividades sospechosas asociados a estas redes por montos que superan los 7,000 millones de dólares. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la UIF investigaba el caso del huachicol fiscal antes de que las autoridades estadounidenses lo hicieran público, lo que sitúa esta acción dentro de una coordinación bilateral más amplia. La UIF también presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República, o FGR, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y notificó a la Procuraduría Fiscal Federal por la detección de posibles delitos fiscales y simulación de ingresos.

Para los sujetos obligados de sectores energético, logístico y de comercio exterior, los escenarios de alerta publicados por la UIF y la CNBV son material de trabajo inmediato: deben incorporarse en los manuales de políticas internas y en los criterios de monitoreo transaccional.

Fuentes: Economía Sentinel, El CEO, Cuadratín — junio y julio de 2026.

Diputados aprueban garantía de audiencia para personas incluidas en la Lista de Bloqueados de la UIF

Otro desarrollo de relevancia legislativa que impactará el ecosistema del cumplimiento es la aprobación, en la Cámara de Diputados, de reformas a la Ley de Instituciones de Crédito que añaden un capítulo específico denominado “Garantía de Audiencia para Personas Incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas”. Esta modificación da a los afectados por un bloqueo de cuentas ordenado por la UIF 10 días hábiles para ser notificados por escrito y presentar las pruebas que acrediten el origen lícito de sus recursos, antes de que la autoridad decrete la pérdida de los fondos.

La medida surge en el contexto del fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o SCJN, emitió el 6 de abril de 2026, en el que avaló por mayoría la facultad de la UIF para congelar cuentas bancarias como medida cautelar administrativa sin requerir orden judicial previa. Ese fallo generó un debate intenso en el Congreso: partidos como el PRI, el PAN y el PT presentaron iniciativas para limitar o reglamentar esa facultad. La solución que avanzó en la Cámara no revierte la facultad cautelar de la UIF, sino que incorpora un procedimiento mínimo de garantía de audiencia que el afectado puede activar una vez notificado del bloqueo.

Para los oficiales de cumplimiento, este cambio tiene dos implicaciones prácticas. Por un lado, los procedimientos internos de identificación y documentación de clientes cobran mayor valor aún: si un cliente es bloqueado por la UIF y puede demostrar el origen de sus recursos gracias a los expedientes que el sujeto obligado conserva, el proceso de defensa se simplifica. Por otro lado, los equipos de cumplimiento deben estar preparados para atender solicitudes de información derivadas de estos procedimientos administrativos con agilidad y dentro de los plazos que la ley fija. Una plataforma como Artu permite mantener expedientes digitales de clientes listos para consulta en cualquier momento, con trazabilidad de cada decisión y cada dato recopilado durante el proceso de Conocimiento del Cliente y Conocimiento del Beneficiario, o KYC y KYB.

Fuentes: El Universal, Forbes México, Latinus, El Financiero, El Imparcial — abril a julio de 2026.

El IMCP analiza el financiamiento al terrorismo en su Boletín 193 de julio de 2026

Para cerrar la semana, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, o IMCP, publicó el Boletín 193 de su Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, dedicado al financiamiento al terrorismo como tema central del mes. El boletín analiza la diversidad de fuentes — tanto lícitas como ilícitas — de las que se pueden nutrir los grupos terroristas, así como los distintos canales y mecanismos de transferencia de recursos que estas organizaciones utilizan.

El financiamiento al terrorismo, o FT, es una obligación de cumplimiento paralela al antilavado que la LFPIORPI y las reglas de la SHCP recogen de manera explícita. Su particularidad es que los recursos involucrados pueden provenir de fuentes legítimas —donaciones, negocios formales— y aun así destinarse a actividades ilícitas, lo que lo diferencia del lavado de dinero tradicional, donde el problema está en el origen de los recursos. El Grupo de Acción Financiera Internacional, o GAFI, exige que los sistemas nacionales traten ambos riesgos con igual seriedad, y la evaluación en curso al sistema mexicano tiene al financiamiento al terrorismo como uno de sus ejes de medición.

Para los sujetos obligados, el Boletín 193 del IMCP es una guía técnica de actualización profesional particularmente relevante para los equipos de cumplimiento de notarios públicos, corredores públicos y despachos de contadores —quienes figuran entre las actividades vulnerables más activamente supervisadas por la SHCP en lo que va de 2026.

Fuente: Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) — julio de 2026.

Conclusiones y Puntos Clave

La semana del 11 al 17 de julio de 2026 confirmó que el sistema antilavado mexicano vive una de sus semanas regulatorias más densas en muchos meses: un plazo de la SHCP que venció, una nueva obligación bancaria que entra en vigor real, un convenio institucional que amplía la red de inteligencia financiera y una alerta sectorial sobre el crimen organizado que golpea el sistema financiero desde el huachicol fiscal. Todo esto ocurre mientras el Congreso define los contornos del debido proceso en los bloqueos de cuentas de la UIF. El mensaje para cualquier organización sujeta a las obligaciones de la LFPIORPI es claro: el segundo semestre de 2026 no tiene margen para el rezago en cumplimiento.

A continuación, los puntos más importantes que todo profesional de cumplimiento debe tener presentes al cerrar esta semana:

  • Reglas Generales de la SHCP (plazo 16 de julio): El plazo vence esta semana. Los sujetos obligados deben monitorear el Diario Oficial de la Federación para conocer los nuevos formatos del SAT, el aviso de 24 horas por operaciones sospechosas rechazadas y los plazos de implementación que las Reglas establezcan.
  • Convenio UIF-Condusef (9 de julio): El intercambio de inteligencia sobre “cuentas mula” fortalece la capacidad de rastreo del sistema antilavado. Las actividades vulnerables que reciben pagos vía transferencia deben reforzar la verificación del origen de esos recursos.
  • Biometría bancaria en vigor desde el 1 de julio: La obligación de identificación oficial y dato biométrico para depósitos y retiros de 140,000 pesos o más en ventanilla ya está en operación. La integración técnica total de todos los bancos debe completarse antes del 30 de julio.
  • Alerta UIF-CNBV contra huachicol fiscal: Los sectores energético, logístico y de comercio exterior deben incorporar los escenarios de alerta publicados en sus manuales de políticas y sistemas de monitoreo. La UIF ya bloqueó más de 120 millones de pesos y presentó denuncias penales y fiscales.
  • Garantía de audiencia para bloqueados: La Cámara de Diputados aprobó 10 días hábiles para que los afectados por un bloqueo de la UIF puedan defenderse. Esto resalta la importancia de mantener expedientes de clientes completos y accesibles en cualquier momento.
  • Boletín IMCP 193: El financiamiento al terrorismo sigue siendo un eje de la evaluación del GAFI. Los equipos de cumplimiento de despachos y servicios profesionales deben actualizarse en este tema como parte de su capacitación anual bajo el Artículo 18 de la LFPIORPI.