La semana del 25 al 31 de julio de 2026 cierra el mes más exigente del año para los sujetos obligados en México y lo hace con una señal de alarma difícil de ignorar: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incumplió el plazo legal para publicar las Reglas Generales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como LFPIORPI. Esa ausencia no es burocrática; deja a decenas de miles de actividades vulnerables sin los procedimientos operativos definitivos que necesitan para ejecutar las obligaciones de la reforma de julio de 2025. Al mismo tiempo, el escenario internacional avanzó en varias direcciones: el Grupo de Acción Financiera Internacional —o GAFI, también conocido por sus siglas en inglés como FATF— publicó su séptimo informe sobre activos virtuales con advertencias que afectan directamente a los proveedores de servicios de criptomonedas en México; la Unidad de Inteligencia Financiera, o UIF, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, mantienen activo su alertamiento especial por el Mundial 2026 hasta el 31 de agosto; y el capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero realizó un webinar el 22 de julio sobre financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. Pasemos a detallar cada uno de estos desarrollos.

SHCP incumple el plazo del 16 de julio: las Reglas Generales de la LFPIORPI siguen sin publicarse

El punto más crítico de la semana —y del mes— es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no publicó las nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI antes del 16 de julio de 2026, que era el plazo máximo establecido por la reforma al Reglamento publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2026. Al cierre de la edición matutina del Diario Oficial de ese día, las modificaciones no habían aparecido, y al 31 de julio siguen pendientes de publicación.

Este incumplimiento no es un formalismo menor. Las Reglas Generales son la última pieza del nuevo andamiaje regulatorio antilavado construido en tres etapas: la reforma a la LFPIORPI que entró en vigor en julio de 2025, la reforma al Reglamento publicada en marzo de 2026, y estas Reglas que debían concretar los procedimientos operativos. Sin ellas, los sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables —desde notarios y corredores de bolsa hasta inmobiliarias, joyerías, casas de empeño y prestadores de servicios de fe pública— no tienen certeza plena sobre los nuevos formatos para el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero del Servicio de Administración Tributaria, conocido como SAT, ni sobre los criterios exactos del aviso de veinticuatro horas para operaciones intentadas o sospechosas que la reforma exige.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, conocida como CONCANACO, y la UIF habían llamado públicamente a sus más de cinco millones de negocios agremiados a mantenerse atentos a esa publicación. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a través de su Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, ha mantenido diálogo técnico con la UIF para contribuir a que la regulación secundaria refleje las realidades operativas del sector. Sin embargo, el retraso genera un vacío que perjudica especialmente a las organizaciones que sí han avanzado en su implementación y esperaban esas reglas para afinar sus sistemas. Para las empresas con rezagos, el tiempo no se detiene: la estructura de cumplimiento no se construye en días, y plataformas como Artu permiten avanzar en módulos de Evaluación Basada en Riesgo, monitoreo transaccional y generación de avisos al SAT independientemente de que las reglas definitivas aún no se hayan publicado.

Fuentes: El Imparcial, CONCANACO SERVYTUR, CumplimientoPLD.com.mx, Diario Oficial de la Federación — junio y julio de 2026.

GAFI publica su séptimo informe sobre activos virtuales: stablecoins y crimen organizado

Pasemos ahora a un desarrollo de alcance internacional con consecuencias directas para México. El 16 de julio de 2026, el GAFI publicó su séptimo informe actualizado sobre la implementación de los estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sector de los activos virtuales, término que en el marco del GAFI engloba lo que comúnmente llamamos criptomonedas.

El hallazgo más relevante del informe es que las organizaciones del crimen organizado continúan aprovechando las brechas regulatorias para mover miles de millones de dólares en fondos ilícitos a través de la industria cripto. Los datos son contundentes: las stablecoins —monedas estables cuyo valor está indexado a una moneda de referencia, como el dólar— representan el ochenta y cuatro por ciento del volumen total de transacciones ilícitas identificadas en el sector. Esto señala un desplazamiento significativo desde las criptomonedas más volátiles, como el bitcoin, hacia instrumentos que facilitan el movimiento rápido de valor con menor exposición a las fluctuaciones de precio.

En materia de cumplimiento jurisdiccional, el informe registra que en abril de 2026 apenas cincuenta y uno de las ciento cuarenta y nueve jurisdicciones evaluadas cumplían “en gran medida” con las normas del GAFI en materia de activos virtuales, lo que equivale a poco más de un tercio del total. Aunque esto representa un avance respecto al veintinueve por ciento registrado el año anterior, el propio organismo señala que siguen existiendo brechas importantes para traducir las evaluaciones de riesgo en medidas concretas que reduzcan efectivamente los delitos relacionados con criptomonedas. El foco ya no está en construir marcos legales, sino en demostrar que funcionan mediante supervisión efectiva, aplicación real de sanciones y cooperación internacional.

Para México, este informe es especialmente oportuno. El país cuenta desde 2018 con la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, que establece el marco para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales —conocidos como VASP, por sus siglas en inglés—, y las reglas de cumplimiento antilavado en ese sector son monitoreadas activamente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los resultados de la evaluación GAFI a México, cuya visita in situ ocurrió en marzo de 2026 y cuyos resultados se discutirán en el pleno de octubre próximo, incluirán precisamente el desempeño del país en este ámbito.

Fuentes: GAFI, El CEO, DiarioBitcoin, UNIFIMEX — 16 al 21 de julio de 2026.

Alertamiento UIF-CNBV por el Mundial 2026: en vigor hasta el 31 de agosto

Otro punto crítico de la semana es que el alertamiento conjunto que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitieron en mayo de 2026 sigue plenamente activo y su vigencia se extiende hasta el 31 de agosto de este año, cubriendo el período posterior al torneo. El documento fue emitido en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuya sede se comparte entre México, Estados Unidos y Canadá, con partidos en las ciudades mexicanas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El alertamiento identifica que un evento de esta magnitud —con flujos masivos de turistas, operaciones de divisas en escala inusual, contratación intensiva de servicios de alojamiento, entretenimiento y transporte— eleva de manera significativa la exposición del sistema financiero a dos tipos de riesgo: el lavado de dinero derivado de actividades ilícitas que buscan camuflarse en el flujo económico legítimo generado por el evento, y la trata de personas, cuya incidencia históricamente aumenta alrededor de grandes concentraciones de turismo internacional.

Las medidas que la UIF y la CNBV solicitan a las entidades financieras incluyen reforzar la identificación de clientes y propietarios reales en zonas vinculadas con las ciudades sede y los corredores migratorios asociados, capacitar al personal de primera línea para detectar posibles indicadores de víctimas de trata, e impulsar el intercambio de información con entidades financieras nacionales y extranjeras para identificar y reportar operaciones inusuales vinculadas a ambas tipologías. El alertamiento puede actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del evento.

Para los sujetos obligados que no son entidades financieras reguladas por la CNBV —como inmobiliarias, agencias automotrices, joyerías u otras actividades vulnerables con operaciones en esas ciudades—, el período del Mundial también representa un momento de mayor atención requerida en la validación de sus clientes y en el análisis de operaciones que salgan de los perfiles de riesgo habituales.

Fuentes: UIF, CNBV, El Financiero, Infobae México, El CEO, FintechExpert — mayo y julio de 2026.

El Reino Unido asume la presidencia del GAFI: nueva agenda con foco en efectividad

En materia regulatoria internacional, también destacó este mes el relevo en la conducción del GAFI. A partir del 1 de julio de 2026, el Reino Unido asumió la presidencia del organismo para los próximos dos años, relevando a la gestión anterior. El cambio de liderazgo trae consigo una agenda con énfasis claro en cuatro prioridades: efectividad y resultados medibles sobre cumplimiento técnico, combate al fraude como categoría delictiva de alto impacto, fortalecimiento de la cooperación público-privada, y mejora de la implementación de los estándares internacionales.

Este reenfoque tiene implicaciones concretas para México. La evaluación cuya visita in situ ocurrió en marzo de 2026 se resolverá precisamente bajo esta nueva presidencia, y los criterios de efectividad —no solo de cumplimiento normativo— serán el centro de atención en el pleno de octubre. Como ya se ha documentado ampliamente, México llega a esa discusión con avances normativos reales pero con cuestionamientos sobre si esos marcos se traducen en resultados medibles: decomisos, condenas, desarticulación de redes financieras ilícitas. El riesgo de ingresar a la llamada lista gris del GAFI —que implicaría medidas de supervisión reforzada a nivel internacional y potenciales restricciones en acceso a corresponsalía bancaria y flujos de inversión— sigue siendo una variable que el sector financiero mexicano monitorea con atención.

Fuentes: El CEO, Expansión, Armor AML — julio de 2026.

ACAMS México analiza el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas

Para cerrar la semana, otro desarrollo relevante fue el evento virtual que el capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero —conocida por sus siglas ACAMS— realizó el 22 de julio de 2026. El webinar, titulado “Detección del Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas en México”, contó con la participación del doctor Gerardo Nóchez Cerón, especialista internacional en análisis del terrorismo, crimen organizado transnacional y flujos financieros ilícitos.

En paralelo, el boletín número 192 de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos abordó durante esta semana la detección y disrupción del financiamiento del terrorismo en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Este tema está directamente relacionado con el informe que el GAFI publicó recientemente sobre el abuso de plataformas digitales por grupos terroristas: el organismo internacional documentó cómo las células y actores individuales utilizan plataformas de streaming, mensajería cifrada y redes de donaciones en línea para recaudar y mover recursos con una exposición regulatoria significativamente menor que los canales financieros tradicionales.

Para los oficiales de cumplimiento en México, estos dos desarrollos —el evento de ACAMS y los boletines del IMCP— recuerdan que el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva no son solo categorías abstractas del marco internacional: el Artículo 18 de la LFPIORPI exige que los sujetos obligados identifiquen y reporten operaciones que puedan vincularse a estas actividades, y los estándares del GAFI que México debe demostrar cumplir en su evaluación incluyen la efectividad de esas acciones de detección y reporte.

Fuentes: ACAMS México, IMCP, GAFI, UNIFIMEX — julio de 2026.

Conclusiones y Puntos Clave

Julio de 2026 cierra como el mes que debía definir el marco operativo pleno de la reforma antilavado mexicana y no lo hizo. El incumplimiento de la SHCP en la publicación de las Reglas Generales de la LFPIORPI es el hecho más importante de la semana y del mes para los sujetos obligados: retrasa las definiciones que necesitan para ejecutar las nuevas obligaciones del Artículo 18, pero no detiene los plazos ni las visitas de verificación. Mientras tanto, el entorno internacional avanzó con señales claras sobre las tecnologías y tipologías que dominarán la agenda antilavado en los próximos meses: criptomonedas, financiamiento del terrorismo en plataformas digitales, y una evaluación GAFI cuyas calificaciones llegarán en octubre con criterios de efectividad que no admiten cumplimiento de papel.

A continuación, los puntos más importantes que todo profesional de cumplimiento debe tener presentes al cerrar esta semana:

  • Reglas Generales LFPIORPI pendientes al 31 de julio: La SHCP incumplió el plazo del 16 de julio y las reglas aún no se publican en el Diario Oficial de la Federación. Los sujetos obligados deben avanzar en implementación con lo que ya está vigente —la Ley reformada y su Reglamento— sin esperar las reglas para iniciar. La incertidumbre no es excusa válida ante una visita de verificación.
  • Séptimo informe GAFI sobre activos virtuales: Las stablecoins representan el ochenta y cuatro por ciento del volumen ilícito en criptomonedas. Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en México deben reforzar sus controles de Conocimiento del Cliente y monitoreo transaccional de acuerdo con las normas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los estándares del GAFI.
  • Alertamiento UIF-CNBV por el Mundial vigente hasta el 31 de agosto: Las entidades financieras y los sujetos obligados con operaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey deben mantener monitoreo reforzado de clientes en zonas vinculadas a las sedes y corredores migratorios durante el período post-torneo.
  • Nueva presidencia GAFI bajo el Reino Unido: La agenda pone el foco en efectividad demostrable, no en marcos normativos. México será evaluado bajo ese criterio en el pleno de octubre de 2026. El riesgo de la lista gris permanece latente.
  • Financiamiento del terrorismo en plataformas digitales: Los boletines del IMCP y el evento de ACAMS México refuerzan la necesidad de que los sujetos obligados actualicen sus señales de alerta para incluir tipologías de financiamiento terrorista que ocurren a través de canales digitales, aplicaciones de mensajería y plataformas de streaming, y no solo a través del sistema financiero tradicional.
  • Evaluación GAFI a México, resultados en octubre: El informe de la quinta ronda de evaluación mutua se discutirá en el pleno del organismo en octubre de 2026. Los próximos dos meses son críticos para que las autoridades mexicanas puedan presentar evidencia de efectividad real en sus controles antilavado.

Para organizaciones que buscan no solo cumplir con la letra de la ley, sino demostrar efectividad ante cualquier revisión —interna, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o en el contexto de la evaluación GAFI—, plataformas como Artu ofrecen trazabilidad completa de cada decisión de cumplimiento, desde la identificación del cliente hasta el envío del aviso al portal del SAT, generando el rastro documental que distingue el cumplimiento real del cumplimiento de papel.