La semana del 19 al 25 de septiembre de 2026 cerró con una densidad regulatoria e institucional que resulta difícil de ignorar para cualquier profesional del cumplimiento antilavado en México. El acontecimiento central fue el AML International Summit 2026 de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas, que reunió el 23 y 24 de septiembre en la Ciudad de México a los principales actores del sistema antilavado de México y Estados Unidos, en el encuentro binacional más ambicioso del año en la materia. En paralelo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la SHCP, publicó en el Diario Oficial de la Federación, conocido como DOF, dos resoluciones que actualizan los formatos oficiales de avisos y registro para las actividades vulnerables, acercando la implementación operativa del Acuerdo 115 de 2026 a su primer gran plazo, el 30 de noviembre. Mientras tanto, Transparencia Mexicana presentó esta semana una propuesta para expandir las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, o UIF, en materia anticorrupción, basada en las mejores prácticas de veinte países. Pasemos a revisar cada uno de estos desarrollos.

AML International Summit 2026 de UNIFIMEX: México y Estados Unidos consolidan estrategia binacional contra el lavado

El 23 y 24 de septiembre de 2026, la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas convocó en el Campus Santa Fe del Tecnológico de Monterrey, en la Ciudad de México, al AML International Summit 2026: Financial Integrity and Effectiveness. El evento congregó a representantes gubernamentales de México y Estados Unidos, directivos de instituciones financieras privadas, organismos internacionales y especialistas del sector. Por el lado mexicano destacaron Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público.

La agenda del encuentro abarcó prácticamente todos los temas que dominan la conversación antilavado en 2026: la estrategia nacional frente al lavado de dinero, la evaluación de México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional —conocido como GAFI, o FATF por sus siglas en inglés—, el canal de remesas, el combate al fentanilo y su financiamiento, la inteligencia artificial aplicada al cumplimiento, la identidad digital, los activos virtuales, las actividades vulnerables, la banca corresponsal y los riesgos emergentes en flujos transfronterizos. La participación conjunta de agencias estadounidenses subrayó que las dos economías más grandes de América del Norte avanzan de manera coordinada: el sistema antilavado de México ya no opera exclusivamente en clave doméstica.

El mensaje central de la cumbre puede resumirse en una sola frase que los organizadores repitieron en distintos formatos: la integridad financiera requiere que toda la cadena del ecosistema —desde el regulador hasta la institución más pequeña— esté conectada y actualizada. Para los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables, este encuentro es una señal de que el escrutinio binacional sobre el sistema financiero mexicano, lejos de reducirse, se profundiza conforme se acerca la presentación del informe final de la evaluación del GAFI.

Fuente: UNIFIMEX, 88.9 Noticias, Quadratín México, El Congresista — 23 y 24 de septiembre de 2026.

SHCP y UIF publican en el DOF nuevas resoluciones que actualizan los formatos oficiales de avisos para actividades vulnerables

Otro punto crítico de la semana ocurrió el 24 de septiembre de 2026, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público —a través de la Unidad de Inteligencia Financiera— publicó en el Diario Oficial de la Federación dos resoluciones que actualizan los formatos oficiales de alta, registro y avisos e informes aplicables a quienes realizan las denominadas actividades vulnerables bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como LFPIORPI.

Estas resoluciones representan la fase operativa de las reformas que se acumularon entre 2025 y 2026: primero la reforma a la ley en julio de 2025, luego la reforma al Reglamento en marzo de 2026, y finalmente el Acuerdo 115 de 2026 publicado el 7 de agosto, que reescribió las Reglas de Carácter General. Los nuevos formatos son el último eslabón administrativo: sin ellos, las actividades vulnerables no tendrían los instrumentos estandarizados para cumplir con las obligaciones de identificación de clientes, presentación de avisos y generación de informes que las nuevas reglas exigen. Como regla general, las disposiciones entrarán en vigor el 30 de noviembre de 2026, con plazos diferidos para las obligaciones de mayor complejidad, que se extienden en algunos casos hasta enero de 2028.

El llamado a los equipos de cumplimiento es concreto: revisar los formatos vigentes en el portal del Servicio de Administración Tributaria, o SAT, y en el sistema de la UIF para asegurarse de que sus procesos de presentación de avisos utilizan los formatos actualizados, no los que estuvieron vigentes bajo el esquema anterior. Un aviso presentado con un formato desactualizado puede generar contingencias que, bajo el nuevo régimen sancionador, tienen costos considerables. Empresas que utilizan soluciones tecnológicas para la presentación automatizada de avisos, como Artu, pueden actualizar sus flujos de envío de manera centralizada, reduciendo el riesgo de presentar documentos bajo formatos obsoletos.

Fuente: SHCP, DOF, INFOVERACRUZ, NV Noticias — 24 de septiembre de 2026.

Multas de hasta sesenta y cinco mil UMA: el sector enfrenta el régimen sancionador más severo de la historia de la LFPIORPI

En materia regulatoria, también destacó esta semana la creciente actividad informativa alrededor del nuevo régimen de sanciones previsto en la LFPIORPI, cuyos montos máximos —actualizados conforme al Acuerdo 115 de 2026 y a la Unidad de Medida y Actualización, conocida como UMA— representan el nivel punitivo más alto desde que la ley entró en vigor en 2013. La omisión de presentar avisos puede acarrear multas de diez mil a sesenta y cinco mil veces la UMA, lo que equivale aproximadamente a un rango de un millón ciento setenta y tres mil pesos a siete millones seiscientos veinticinco mil pesos al tipo de cambio de 2026. Los avisos presentados de manera extemporánea generan multas de dos mil a diez mil veces la UMA, y los presentados con errores, de doscientas a dos mil veces la UMA.

El contexto que hace particularmente relevante esta información es que la Secretaría de Hacienda ha intensificado durante 2026 sus visitas de verificación a actividades vulnerables en todo el país, y los sectores que históricamente han tenido menor cultura de cumplimiento —como el comercio de joyas y metales preciosos, el arrendamiento de vehículos de lujo y las agencias automotrices— están siendo inspeccionados con mayor frecuencia. El enfoque basado en riesgo que el Acuerdo 115 de 2026 consolidó implica que la intensidad de las medidas de debida diligencia debe ser proporcional al riesgo identificado para cada cliente y operación: una actividad vulnerable que no pueda demostrar que evalúa sus riesgos de manera formal y documentada quedará expuesta a las sanciones más severas del rango.

Para las empresas que todavía no han iniciado la estructuración de su sistema de cumplimiento antilavado, el tiempo disponible antes del primer gran plazo del 30 de noviembre se reduce semana a semana. Herramientas como Artu permiten a las actividades vulnerables documentar su evaluación de riesgos, generar su manual de políticas internas y automatizar la presentación de avisos dentro de los plazos correspondientes.

Fuente: INFOVERACRUZ, NV Noticias, Holland & Knight, TaxToday México — septiembre de 2026.

Transparencia Mexicana propone ampliar las facultades de la UIF para combatir la corrupción y la macrocriminalidad

Pasemos ahora a un desarrollo de naturaleza institucional que podría tener implicaciones de largo plazo para el diseño del sistema antilavado mexicano. El 21 de septiembre de 2026, Transparencia Mexicana publicó un conjunto de recomendaciones orientadas a fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de anticorrupción, como parte del proyecto Anticorrupción para la Reducción de las Desigualdades, conocido en inglés como AC4ALL, impulsado junto con Transparency International.

La propuesta se sustenta en un estudio de las unidades de inteligencia financiera de veinte países, que pone como referencias de buenas prácticas los modelos de Francia, Chile y Nigeria. El argumento central de Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, es que la UIF ha tenido hasta ahora un alcance limitado porque sus facultades se concentran en el bloqueo de cuentas bancarias y en la generación de reportes de inteligencia financiera orientados principalmente al crimen organizado, pero que su potencial para conectar casos de corrupción —incluyendo el uso político del presupuesto y el enriquecimiento ilícito de funcionarios— con las redes de lavado de dinero que los sustentan está subutilizado. El informe que Transparencia Mexicana entregará a la UIF, al Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Congreso de la Unión detalla los mecanismos institucionales que esos países han adoptado para ampliar ese alcance sin sacrificar los controles democráticos que deben acompañar a cualquier expansión de poderes de una entidad de inteligencia financiera.

La relevancia de esta propuesta para los sujetos obligados es indirecta pero real: si las recomendaciones avanzan hacia un proceso legislativo, el universo de entidades cuyas operaciones quedarían bajo mayor escrutinio podría ampliarse más allá del crimen organizado tradicional para abarcar flujos asociados a la corrupción pública, lo que afectaría los protocolos de debida diligencia sobre Personas Políticamente Expuestas, o PEPs, y sus vínculos con el sector privado.

Fuente: Transparencia Mexicana, La Silla Rota, UnoTV, Diario.mx, Platino News — 21 de septiembre de 2026.

OFAC identifica 304 empresas vinculadas con lavado de dinero con presencia en México

En el frente internacional, la segunda semana de septiembre trajo una noticia que resonó en la cumbre de UNIFIMEX al finalizar el mes: la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, conocida como OFAC por sus siglas en inglés, identificó trescientas cuatro empresas relacionadas con operaciones de lavado de dinero con presencia o vínculos en México. Esta cifra fue citada en el monitoreo de medios del 15 de septiembre de 2026 de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas como uno de los datos de contexto que antecedieron al AML Summit.

El señalamiento de OFAC tiene consecuencias prácticas inmediatas para las instituciones financieras y las actividades vulnerables mexicanas que mantienen relaciones comerciales transfronterizas. Cualquier transacción que involucre a una entidad incluida en las listas de OFAC —en particular en la lista SDN, que son las siglas en inglés de Specially Designated Nationals— puede generar sanciones tanto para la contraparte estadounidense como para la institución mexicana involucrada. La consulta periódica de estas listas es, por tanto, una obligación implícita en cualquier proceso robusto de debida diligencia, y su frecuencia debe incrementarse cuando el perfil de riesgo de un cliente o contraparte incluye actividades transfronterizas o vínculos con sectores de alta exposición.

Este dato refuerza uno de los ejes del AML Summit: la integridad del sistema financiero mexicano no puede evaluarse en forma aislada, sino en función de su interoperabilidad con los controles del sistema financiero estadounidense. Las empresas que operan en actividades vulnerables con clientes que también tienen presencia en los Estados Unidos tienen la obligación implícita —aunque no siempre explícita en la LFPIORPI— de incorporar la consulta de listas de sanciones internacionales como parte de su evaluación de riesgos.

Fuente: UNIFIMEX, Monitoreo de Medios 15 de septiembre de 2026.

SAT fortalece sus medidas de control antilavado en el sector de actividades vulnerables

Para cerrar la semana, conviene mencionar un reforzamiento operativo del SAT en materia antilavado que varios medios económicos reportaron en los últimos días. El Servicio de Administración Tributaria ha intensificado durante septiembre de 2026 sus mecanismos de control y seguimiento sobre los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables, con énfasis en la detección de patrones de incumplimiento en la presentación de avisos y en la consistencia entre las operaciones reportadas y la actividad declarada fiscalmente. Esta iniciativa es congruente con la estrategia más amplia de coordinación interinstitucional que la SHCP ha impulsado desde la publicación del Acuerdo 115 de 2026.

El fortalecimiento de los controles del SAT no es un fenómeno aislado: se enmarca en la preparación para la evaluación final del GAFI, en la que México deberá demostrar no solo que tiene un marco normativo robusto — lo cual ya existe — sino que ese marco se implementa de manera efectiva en la práctica. Esa distinción entre cumplimiento formal y efectividad operativa es precisamente el criterio que el GAFI utiliza para clasificar a los países en su escala de evaluación. Un sistema donde las reglas existen pero los avisos se presentan de manera incompleta, tardía o sin calidad suficiente no obtiene la misma calificación que uno donde las mismas reglas se aplican con rigor.

La cadena es clara: los sujetos obligados que presentan avisos con calidad, oportunamente y usando los formatos correctos contribuyen a la efectividad del sistema; los que no lo hacen no solo se exponen a sanciones, sino que debilitan la posición de México en su evaluación internacional.

Fuente: El Porvenir, Diario Marca — septiembre de 2026.

Conclusiones y Puntos Clave

La semana del 19 al 25 de septiembre de 2026 dejó en claro que el sistema antilavado mexicano opera bajo una presión convergente desde múltiples frentes: la cumbre binacional de UNIFIMEX marcó el tono político y estratégico del período; los nuevos formatos del DOF materializaron la fase operativa del Acuerdo 115 de 2026; las advertencias sobre multas de hasta sesenta y cinco mil veces la UMA hicieron explícito el costo del incumplimiento; y la propuesta de Transparencia Mexicana señaló la dirección hacia donde podría evolucionar el mandato de la UIF. El 30 de noviembre de 2026 es el horizonte que debe guiar las decisiones de cumplimiento en las próximas semanas.

A continuación, los puntos que todo profesional de cumplimiento debe tener presentes al cerrar esta semana:

  • AML Summit UNIFIMEX concluido el 24 de septiembre: La cumbre binacional México-Estados Unidos reafirmó la estrategia coordinada contra el lavado de dinero. Los temas centrales — GAFI, remesas, fentanilo, inteligencia artificial, activos virtuales — reflejan el mapa de riesgos que las autoridades consideran prioritario para los próximos doce meses.
  • Nuevos formatos DOF publicados el 24 de septiembre: La SHCP y la UIF actualizaron los formatos oficiales de registro y avisos para actividades vulnerables. Los equipos de cumplimiento deben verificar que sus herramientas de presentación de avisos estén alineadas con los nuevos formatos antes del 30 de noviembre de 2026.
  • Multas de hasta siete millones de pesos: La omisión de presentar avisos puede acarrear sanciones de hasta sesenta y cinco mil veces la UMA bajo el régimen vigente. Los avisos extemporáneos y los presentados con errores también generan multas, aunque en rangos menores. El cumplimiento oportuno es la única forma de evitar estas contingencias.
  • Transparencia Mexicana propone ampliar facultades de la UIF: El informe basado en veinte países sugiere que la UIF podría adquirir nuevas capacidades para combatir la corrupción. Esto podría intensificar en el futuro las obligaciones de debida diligencia sobre Personas Políticamente Expuestas y sus redes de vínculos.
  • OFAC identifica trescientas cuatro empresas ligadas al lavado con presencia en México: Las actividades vulnerables con operaciones transfronterizas o clientes con vínculos en Estados Unidos deben incorporar la consulta de listas de sanciones internacionales en su proceso de debida diligencia.
  • SAT refuerza controles antilavado en septiembre: La intensificación de las revisiones del SAT es parte de la estrategia para demostrar efectividad operativa ante el GAFI. La calidad y oportunidad de los avisos presentados por los sujetos obligados es un factor que será evaluado en el informe final de la evaluación mutua.
  • Conteo regresivo: sesenta y seis días para el 30 de noviembre de 2026: El primer gran plazo del Acuerdo 115 de 2026 está a menos de diez semanas. Las actividades vulnerables que aún no tienen un diagnóstico de riesgos documentado, un manual de políticas actualizado o sus credenciales de acceso al sistema del SAT en orden deben actuar de manera inmediata.