La semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2026 fue especialmente intensa en el frente de la inteligencia financiera en México. En el transcurso de apenas siete días, la Unidad de Inteligencia Financiera, o UIF, bloqueó a 46 personas físicas y morales vinculadas al Cártel de Sinaloa siguiendo una designación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al tiempo que desató una investigación de alto perfil político contra Amílcar Olán, presunto operador financiero del círculo cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. En el plano regulatorio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o SHCP, publicó en el Diario Oficial de la Federación los nuevos formatos de avisos de actividades vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como LFPIORPI, con cambios que afectan a todos los sujetos obligados del país. Fue, en suma, una semana donde la coyuntura política y la agenda regulatoria convergieron para recordar que el cumplimiento antilavado no es un asunto técnico menor sino una pieza central de la soberanía financiera del país.

La UIF bloquea a 46 personas y empresas señaladas por la OFAC vinculadas al Cártel de Sinaloa

El 29 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la UIF adoptó medidas preventivas contra 46 personas físicas y morales señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, conocida como OFAC por sus siglas en inglés, por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. La UIF procedió al bloqueo de sus cuentas e instrumentos financieros en el sistema nacional e incorporó a los sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas.

El asunto, sin embargo, no estuvo exento de matices. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la UIF encontró irregularidades financieras en varios de los casos, pero no necesariamente los mismos vínculos delictivos con el crimen organizado que documentó la OFAC. En palabras de la Presidencia, las sanciones de la OFAC no implican de manera automática que la UIF deba presentar denuncias penales en México, ya que ambas autoridades operan con distintos estándares jurídicos y niveles de prueba. La UIF aclaró que el bloqueo no constituye una sentencia, ni acredita responsabilidad penal de los sujetos incluidos: es una medida preventiva de naturaleza administrativa orientada a proteger la integridad del sistema financiero.

Para los sujetos obligados bajo la LFPIORPI, este episodio tiene una implicación directa. Consultar de manera periódica la Lista de Personas Bloqueadas publicada por la UIF es una obligación establecida en el Artículo 18, fracción III, de la ley. Operar con alguno de estos sujetos sin haber realizado la verificación correspondiente puede derivar en sanciones administrativas significativas, independientemente de la responsabilidad penal de los involucrados. Fuentes: El Heraldo de México y MVS Noticias, 29 de septiembre de 2026.

La UIF investiga a Amílcar Olán por un presunto portafolio de mil cuatrocientos millones en Suiza

La semana cerró con una investigación de alto impacto político. Carlos Loret de Mola reportó el 2 de octubre que la Unidad de Inteligencia Financiera lleva semanas construyendo un expediente contra Amílcar Olán, descrito como amigo íntimo y presunto operador financiero de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Según las fuentes consultadas por el periodista, la UIF logró mapear un portafolio de inversión en renta variable activo en el banco UBS Switzerland AG, en Suiza, por alrededor de 72 millones de euros, equivalentes a más de mil cuatrocientos millones de pesos.

La investigación habría reconstruido con detalle las redes de Olán: los contratos que recibió del gobierno federal durante la administración anterior, los montos correspondientes, las dependencias que lo beneficiaron, las personas morales que canalizaron los recursos, cuáles de ellas son fachadas y cuáles tienen operación real, quiénes son sus prestanombres, qué familiares participaron en el esquema, los movimientos en efectivo a lo largo de varios años, cuentas, cheques, participaciones societarias y bienes inmuebles. Los medios reportaron además que Olán habría gestionado su traslado permanente a Suiza, obteniendo una residencia de larga duración en el cantón de Ticino, con un contrato de arrendamiento que venció el 30 de septiembre.

Desde la perspectiva del cumplimiento, este caso ilustra la sofisticación que pueden alcanzar los esquemas de posible lavado de activos a través de estructuras corporativas opacas y cuentas en jurisdicciones con alta confidencialidad bancaria. Para los sujetos obligados que atienden a personas con perfiles similares al de un Beneficiario Controlador con acceso a recursos públicos, la debida diligencia reforzada —incluyendo la identificación de la fuente de riqueza y el monitoreo continuo de las transacciones— no es solo buena práctica: es una obligación derivada del Capítulo IV Bis de la LFPIORPI. Fuentes: El Universal y La Palabra del Caribe, 2 de octubre de 2026.

La SHCP publica nuevos formatos de avisos para actividades vulnerables en el DOF del 24 de septiembre

Uno de los desarrollos regulatorios más relevantes de la semana fue la publicación, en el Diario Oficial de la Federación del 24 de septiembre de 2026, de los nuevos formatos de alta, registro, avisos e informes en materia de prevención de lavado de dinero para las actividades vulnerables previstas en la LFPIORPI.

El cambio de fondo es la incorporación obligatoria y estandarizada de los datos del Beneficiario Controlador en prácticamente todos los Anexos del uno al dieciséis, en alineación con el Capítulo IV Bis de la ley reformado en julio de 2025. Además, los nuevos formatos habilitan la infraestructura operativa para los Avisos de Veinticuatro Horas por sospecha, cuya base normativa entra en vigor el primero de diciembre de 2026. Se añaden dos nuevos anexos que expanden la cobertura del régimen: el Anexo doce-C, destinado a quienes facilitan Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia inmobiliaria, y el Anexo catorce-A, para agentes y apoderados aduanales.

En cuanto a los plazos, el uso de los nuevos formatos será obligatorio a partir del primero de junio de 2027, y los formatos anteriores dejarán de estar disponibles en el Portal del SAT el primero de julio de 2027. Esto da a los sujetos obligados poco menos de nueve meses para actualizar sus sistemas y procedimientos internos. Para empresas que utilizan plataformas tecnológicas de cumplimiento como Artu, disponible en artu.ai, la actualización puede incorporarse de manera ágil; para quienes aún operan con procesos manuales, el margen de tiempo exige actuar desde ahora. Fuentes: Cadena Política y CumplimientoPLD.com.mx, 28 y 24 de septiembre de 2026.

La UIF reporta el bloqueo de 24 mil 622 cuentas y una nueva estrategia contra las estructuras financieras del crimen

En el contexto de la actividad de alto perfil de las semanas recientes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes, reveló los resultados acumulados de la ofensiva financiera de la dependencia en 2026. Entre 2024 y septiembre de 2026, la UIF incorporó a dos mil trescientas noventa y cinco personas a la Lista de Personas Bloqueadas. Adicionalmente, inmovilizó un total de veinticuatro mil seiscientas veintidós cuentas por un monto aproximado de ocho mil seiscientos setenta millones de pesos, de las cuales siete mil ochocientas sesenta y uno están vinculadas directamente a organizaciones criminales de mayor presencia e impacto en el territorio nacional.

Más allá de las cifras, lo que destaca es el cambio de doctrina operativa. Reyes explicó que la UIF transitó de un modelo centrado en el bloqueo aislado de cuentas a una estrategia de afectación integral de las estructuras financieras que sostienen a los grupos delictivos: redes de empresas, prestanombres, operadores, intermediarios y mecanismos de traslado de recursos. Para lograrlo, la UIF constituyo por primera vez una unidad dedicada a intercambiar información de manera cotidiana con agencias del gobierno de Estados Unidos, en particular con la red de inteligencia financiera FinCEN, y a coordinar operativos conjuntos con corporaciones policiales mexicanas.

Esta información es relevante para los profesionales de cumplimiento porque refuerza la señal que las autoridades llevan meses enviando: el sistema antilavado en México ya no observa únicamente al cliente final, sino al ecosistema económico que lo rodea. Fuente: El Financiero y MVS Noticias, 3 de septiembre de 2026.

La relación México-Estados Unidos en materia antilavado: un año después de la presión sobre los bancos

Pasemos ahora a un análisis de mayor profundidad. Un año después de que el gobierno de Estados Unidos intensificó su presión sobre instituciones bancarias mexicanas por deficiencias en sus programas de prevención de lavado de dinero, la revista Proceso publicó una crónica sobre los ajustes que México ha realizado al marco regulatorio como respuesta directa a esa presión. Entre los cambios destacados se encuentran la reforma a la LFPIORPI de julio de 2025, las nuevas Reglas de Carácter General del Acuerdo 115/2026, los mecanismos de cooperación bilateral reforzados y la instalación de unidades de enlace permanente entre la UIF y sus contrapartes estadounidenses.

El diagnóstico de los especialistas consultados por la publicación es que México ha avanzado con mayor celeridad en el plano normativo que en el operativo. Las reglas son más sólidas, los umbrales más precisos y los instrumentos de bloqueo más ágiles. Sin embargo, la brecha en efectividad persiste: la tasa de consignaciones por el delito de lavado de dinero continúa siendo muy baja, y la plena implementación de los nuevos mecanismos automatizados de monitoreo no es uniforme entre los sujetos obligados no financieros. Fuente: Proceso, 11 de agosto de 2026, con seguimiento en medios especializados esta semana.

El AML International Summit 2026 cierra con llamado a la colaboración entre México y Estados Unidos

En materia regulatoria, también destacó el cierre del AML International Summit 2026, organizado por la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas, conocida como UNIFIMEX. El evento reunió a autoridades de la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, la Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como FinCEN, instituciones financieras de ambos países y especialistas en cumplimiento internacional.

La agenda incluyó sesiones sobre las mejores prácticas en el intercambio de inteligencia financiera bilateral, los avances en la implementación del Acuerdo 115/2026, los retos del monitoreo de criptomonedas y activos virtuales para los proveedores de servicios de activos virtuales, conocidos como VASP, y la preparación del sistema financiero nacional ante la próxima ronda de evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI. El consenso entre los participantes fue que la cooperación bilateral en este ámbito avanza hacia una integración operativa más profunda, y que las instituciones financieras mexicanas que no modernicen sus sistemas de detección en los próximos meses enfrentarán presión tanto desde la supervisión nacional como desde sus contrapartes del norte. Fuente: UNIFIMEX, 28 y 29 de septiembre de 2026.

Conclusiones y Puntos Clave

La semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2026 estuvo marcada por la confluencia de tres fuerzas que definen el presente del sistema antilavado en México: la acción ejecutiva de la UIF en casos de alta visibilidad política, la presión regulatoria derivada de la publicación de los nuevos formatos del DOF, y la agenda bilateral con Estados Unidos que sigue dando forma a la evolución normativa del país. A continuación, los puntos esenciales de la semana:

  • La UIF bloqueó a 46 personas físicas y morales señaladas por la OFAC por vínculos con el Cártel de Sinaloa, aunque aclaró que las designaciones estadounidenses no implican automáticamente responsabilidad penal en México; los bloqueos son medidas preventivas administrativas.
  • La UIF abrió una investigación contra Amílcar Olán por un presunto portafolio de más de 72 millones de euros en Suiza, trazando su red de contratos gubernamentales, empresas y operadores financieros.
  • La SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación del 24 de septiembre los nuevos formatos de avisos de actividades vulnerables, con incorporación obligatoria del Beneficiario Controlador e infraestructura para los Avisos de Veinticuatro Horas; uso obligatorio a partir del primero de junio de 2027.
  • La UIF reportó haber bloqueado 24 mil 622 cuentas y ocho mil 670 millones de pesos acumulados desde 2024, con una nueva estrategia enfocada en afectar estructuras financieras completas del crimen organizado, no solo cuentas individuales.
  • Un año después de la presión de Estados Unidos sobre los bancos mexicanos, el diagnóstico de especialistas señala avances normativos sólidos, pero aún pendiente el salto en efectividad operativa y uniformidad de implementación entre los sujetos obligados no financieros.
  • El AML International Summit 2026 cerró con un consenso sobre la necesidad de una integración operativa más profunda entre México y Estados Unidos en materia de intercambio de inteligencia financiera.

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