La primera semana de octubre de 2026 marcó un momento de alta tensión regulatoria para el ecosistema de prevención de lavado de dinero en México. Tres frentes simultáneos concentraron la atención: la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI, donde se discuten los resultados de la evaluación mutua a nuestro país; el anuncio oficial de que las certificaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, o UIF, se realizarán en 2027 y no en 2026; y el refuerzo de la cooperación financiera entre México y los Estados Unidos para seguir los flujos de dinero ilícito a ambos lados de la frontera. A estas noticias se suman los bloqueos continuos de cuentas de exfuncionarios de Sinaloa y las recomendaciones de organismos civiles para fortalecer a la UIF. La semana, en síntesis, confirma que el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, o PLD y FT, vive su momento de mayor presión institucional en años recientes.

Plenaria del GAFI discute la evaluación mutua de México en octubre de 2026

El acontecimiento de mayor calado para la comunidad de cumplimiento esta semana es la plenaria del GAFI, que en su reunión de octubre de 2026 tiene en agenda la discusión del informe de la Quinta Ronda de Evaluación Mutua de México. Esta evaluación, cuya visita in situ por parte del equipo evaluador se realizó en marzo de 2026 coordinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conocida como SHCP, mide no solo si México cuenta con las leyes correctas —la llamada “conformidad técnica”— sino si esas leyes realmente funcionan en la práctica: la dimensión de “efectividad” que el GAFI introdujo en su cuarta ronda metodológica.

El resultado importa enormemente para el sistema financiero nacional. Desde el año 2018, México se encuentra bajo el régimen de seguimiento reforzado del GAFI, lo que ya impone una carga reputacional adicional. Si la calificación resultante es negativa en las dimensiones clave, el país podría ingresar a la llamada “lista gris” del organismo, lo que encarecería de forma significativa las relaciones de corresponsalía bancaria con instituciones extranjeras y afectaría el flujo de remesas, que en México supera los 60 mil millones de dólares anuales.

Según análisis de firmas especializadas, uno de los puntos débiles históricos de México frente al GAFI ha sido precisamente la judicialización y sanción efectiva del delito de lavado de dinero: las estadísticas de sentencias condenatorias siguen siendo bajas en proporción al volumen de operaciones sospechosas reportadas. Los resultados definitivos del informe podrían publicarse a inicios de 2027, pero la discusión en la plenaria de este mes ya envía señales al mercado. Las empresas y sujetos obligados que aún no tienen en regla su Evaluación Basada en Riesgos, contemplada en la fracción VII del Artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como LFPIORPI, deberían tomar nota: cualquier resultado adverso acelerará la presión supervisora interna.

UIF confirma que las certificaciones de actividades vulnerables se realizarán en 2027

Una noticia concreta que impacta la agenda de cumplimiento de miles de empresas llegó el 3 de octubre a través de La Jornada y portales especializados: la UIF confirmó que el proceso de certificación para quienes realizan actividades vulnerables en términos de la LFPIORPI no se llevará a cabo en 2026, sino que se ha pospuesto a 2027.

La razón oficial es la actualización del marco normativo. El 7 de agosto de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, o DOF, el Acuerdo 115/2026 de la SHCP, que modifica las reglas generales de carácter general de la LFPIORPI. Dicho acuerdo entra en vigor el 30 de noviembre de 2026, pero sus obligaciones sustantivas —como la implementación de una metodología propia de evaluación de riesgos y la clasificación de clientes en grados de riesgo bajo, medio y alto— se vuelven exigibles de forma escalonada entre marzo de 2027 y el cierre del ejercicio 2028. El fundamento para el aplazamiento de las certificaciones es el Artículo 34 Bis de las propias reglas generales, que permite ajustar los calendarios conforme a las disposiciones vigentes.

La convocatoria para certificarse se publicará, según la UIF, después de que entren en vigor los nuevos formatos oficiales y las reglas actualizadas, y se dará a conocer mediante los canales oficiales de la UIF y el DOF. Adicionalmente, el 24 de septiembre de 2026 se publicaron las resoluciones que modifican los Anexos del 1 al 16 y el Anexo A de los formatos de la LFPIORPI, e incorporan los nuevos Anexos 12-C y 14-A. Los nuevos supuestos de aviso por sospecha comenzarán a enviarse seis meses después del 1 de diciembre de 2026, es decir, aproximadamente a partir de junio de 2027.

Para las empresas que realizan actividades vulnerables —desde inmobiliarias y notarías hasta plataformas de activos virtuales y blindadoras vehiculares— la fecha límite más próxima e innegociable es el 1 de marzo de 2027, cuando deberán contar con un Manual de Políticas Internas de PLD actualizado conforme al nuevo marco.

Si su empresa necesita apoyo para actualizar sus políticas internas, su metodología de evaluación de riesgos o su sistema de gestión de cumplimiento, Artu ofrece soluciones automatizadas diseñadas específicamente para sujetos obligados bajo la LFPIORPI.

México y Estados Unidos refuerzan la vigilancia financiera binacional

El 7 de octubre, el portal Publimetro reportó que México y los Estados Unidos están consolidando mecanismos de cooperación para seguir el rastro del dinero ilícito que cruza la frontera en ambas direcciones. La noticia adquiere relevancia adicional en el contexto de la evaluación del GAFI y de las presiones políticas que el gobierno estadounidense ha ejercido sobre el sistema financiero mexicano en los últimos años.

Pasemos ahora al componente privado de esta cooperación: la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas, o UNIFIMEX, y la Financial & International Business Association, conocida como FIBA, pusieron en marcha el Comité Binacional AML, donde AML son las siglas en inglés para la prevención de lavado de activos. El acuerdo se formalizó mediante un Memorando de Entendimiento firmado durante el AML International Summit 2026. La agenda del comité se centra en la banca corresponsal y las remesas, dos de los vectores más críticos de flujos financieros entre ambos países.

Cabe recordar que la expansión de vigilancia financiera en la frontera anunciada por la Administración Trump en marzo de 2026 —que obligó a remesadoras y casas de cambio a reportar operaciones en efectivo de entre mil y 10 mil dólares en los condados fronterizos más poblados— creó una presión operativa considerable sobre el sector. Esta nueva iniciativa binacional busca, precisamente, generar un canal de comunicación más fluido entre actores privados de ambos países antes de que las alertas escalen a nivel regulatorio o judicial.

Bloqueos de cuentas de exfuncionarios de Sinaloa continúan generando debate jurídico

Otro punto crítico de la semana es el seguimiento al proceso de bloqueo de cuentas de exfuncionarios vinculados al estado de Sinaloa, una historia que la UIF protagoniza desde mayo de 2026 cuando congeló las cuentas de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios tras señalamientos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En septiembre de 2026, la UIF extendió el bloqueo a las cuentas de Ricardo “Pity” Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa, y de su socio Jorge Lizárraga, así como a varias empresas relacionadas. Ambos impugnaron la medida mediante juicios de amparo, y la resolución judicial sobre su admisibilidad sigue pendiente.

Desde el punto de vista del cumplimiento, este caso ilustra varios principios fundamentales de la LFPIORPI y del régimen de las Personas Políticamente Expuestas, o PEP por sus siglas en la industria. El régimen de bloqueo administrativo de la UIF, distinto del proceso penal, permite a la autoridad actuar de forma preventiva cuando los bancos corresponsales extranjeros emiten alertas sobre clientes de alto riesgo. La UIF ha reiterado que sus bloqueos no determinan culpabilidad, sino que son medidas precautorias de carácter administrativo. Sin embargo, la columna de Expansión del 4 de octubre planteó la pregunta incómoda que muchos en la industria se hacen: ¿por qué la alerta llegó después de la sanción extranjera y no como resultado de la propia inteligencia financiera nacional?

Transparencia Mexicana propone fortalecer a la UIF en el marco anticorrupción

En materia regulatoria, también destacó este 1 de octubre una publicación de Transparencia Mexicana que, en el contexto de un paquete de reformas anticorrupción del Gobierno Federal aún en discusión, recomendó ampliar las facultades y recursos de la UIF para detectar operaciones sospechosas vinculadas a corrupción, no solo a lavado de dinero en sentido estricto.

La propuesta señala que la UIF tiene atribuciones legales que en la práctica no ha ejercido a su máxima capacidad, en particular respecto al cruce de información con el Servicio de Administración Tributaria, conocido como SAT, y con el Registro Único de Beneficiarios Controladores, que entró en vigor de forma gradual desde 2022. Fortalecer este cruce, argumenta el organismo civil, permitiría identificar estructuras corporativas opacas utilizadas para ocultar el origen de recursos públicos desviados.

Conclusiones y Puntos Clave de la Semana

La semana del 3 al 9 de octubre de 2026 dejó un panorama regulatorio intenso pero con una dirección clara: el marco de prevención de lavado de dinero en México está madurando en complejidad al mismo tiempo que enfrenta su mayor escrutinio externo. A continuación se resumen los puntos más relevantes para quienes deben tomar decisiones de cumplimiento:

  • Plenaria del GAFI en octubre: México está siendo evaluado ahora mismo. El resultado —que podría formalizarse en 2027— definirá el costo y la dificultad de operar en los mercados financieros internacionales. Las empresas con actividades transfronterizas deben estar preparadas para escenarios de mayor escrutinio.

  • Certificaciones en 2027, no en 2026: Si su empresa estaba esperando la convocatoria de certificación de la UIF para este año, ya puede planificar con certeza: el proceso se realizará en 2027. La fecha operativa más próxima es el 30 de noviembre de 2026, cuando entra en vigor el Acuerdo 115/2026, y el 1 de marzo de 2027 para tener listo el Manual de Políticas Internas actualizado.

  • Nuevos formatos PLD desde diciembre de 2026: Los nuevos Anexos y formatos de la LFPIORPI publicados el 24 de septiembre ya tienen fechas de implementación. Las empresas deben revisar sus sistemas de generación de avisos para asegurar compatibilidad con los nuevos esquemas.

  • Cooperación bilateral México-EE. UU.: El nuevo Comité Binacional UNIFIMEX-FIBA y el refuerzo de la vigilancia fronteriza crean un entorno de mayor transparencia —y mayor exposición— para transacciones con contrapartes en los Estados Unidos.

  • Personas Políticamente Expuestas: Los casos de Sinaloa confirman que el proceso de debida diligencia reforzada para PEP no es una formalidad. Los bancos corresponsales extranjeros ya monitorean estas cuentas y generan alertas que activan a la UIF. Los sujetos obligados con clientes de ese perfil deben tener protocolos robustos y documentados.

  • Reforma anticorrupción en marcha: La propuesta de Transparencia Mexicana anticipa que podrían venir ajustes adicionales en las facultades de la UIF. Conviene seguir de cerca las iniciativas legislativas de los próximos meses.

Para las empresas que realizan actividades vulnerables y buscan estar al día con todos estos cambios, Artu ofrece una plataforma de cumplimiento automatizado que integra las actualizaciones normativas de la LFPIORPI, gestiona los procesos de Conocimiento del Cliente, o KYC por sus siglas en inglés, y genera los formatos de aviso en los esquemas vigentes. La semana que viene, el seguimiento a los resultados oficiales de la plenaria del GAFI será el dato más esperado por toda la industria.