Introducción analítica

En 2026, México se enfrenta a un panorama complejo en materia de prevención de lavado de dinero (PLD), influenciado por cambios regulatorios recientes y el creciente uso de tecnologías como criptomonedas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha inmovilizado aproximadamente 5,000 millones de pesos en lo que va de la actual administración, lo cual refleja un endurecimiento en el control del flujo de recursos ilícitos. Cabe destacar que según el padrón público del SAT, más de 8,500 sujetos obligados están actualmente registrados, lo que muestra un aumento en la actividad de supervisión y cumplimiento. Además, la evaluación de México por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2026 subraya la importancia de fortalecer el marco regulatorio.

La reforma de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de julio de 2025, introdujo modificaciones sustantivas que impactan a los sujetos obligados. Particularmente, la actualización de los umbrales de actividades vulnerables a valores de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no al salario mínimo general, ha obligado a las empresas a ajustar sus procedimientos internos. Este cambio es crucial ya que la UMA en 2026 se fijó en 113.14 pesos diarios, lo que representa un valor de referencia distinto para el cálculo de umbrales.

El auge de las criptomonedas también ha sido un factor determinante, con un incremento reportado del 55.8% en el lavado de dinero a través de estos activos en 2025, según SILIKN. México se encuentra en la segunda posición global como destino de dinero proveniente de ciberdelitos, con 1,782 operaciones reportadas en el FBI Internet Crime Report 2025. Esto refleja un entorno cada vez más desafiante para los oficiales de cumplimiento, quienes deben adaptarse rápidamente a nuevas amenazas y regulaciones.

Pasemos ahora al marco legal que define estas obligaciones y su aplicación en la práctica.

La LFPIORPI, desde su reforma en 2025, ha ampliado considerablemente las responsabilidades de los sujetos obligados. Bajo el Artículo 17 de la ley, se enumeran 16 fracciones de actividades vulnerables que incluyen, entre otras, operaciones con bienes inmuebles, joyería, arte, y ahora también activos virtuales. La inclusión de criptomonedas bajo la fracción XVI es una respuesta directa a las recomendaciones del GAFI, alineando la legislación mexicana con los estándares internacionales.

El Artículo 18 se reformó para incluir 11 fracciones de obligaciones. Las nuevas adiciones, como la Evaluación Basada en Riesgos (EBR) documentada en la fracción VII, y la obligatoriedad de contar con un Manual de Políticas Internas PLD/FT bajo la fracción VIII, reflejan un enfoque más estructurado y preventivo. Además, la capacitación anual de personal y la implementación de mecanismos automatizados de monitoreo son ahora exigencias legales bajo las fracciones IX y X respectivamente.

Los umbrales para actividades vulnerables se expresan en veces el valor diario de la UMA. Por ejemplo, una operación de compraventa de bienes inmuebles que exceda las 8,025 veces la UMA, aproximadamente novecientos mil pesos, requiere la presentación de un aviso de actividad vulnerable. Este cambio pretende ofrecer una mayor estabilidad en la evaluación de umbrales en comparación con el salario mínimo, que varía más frecuentemente.

La definición del Beneficiario Controlador también se amplió en el Artículo 3, fracción III, para incluir no solo al