La semana del 17 al 23 de octubre de 2026 quedará en los registros del sistema antilavado mexicano como una de las más cargadas del año. El martes 21 de octubre, la Unidad de Inteligencia Financiera —o UIF— y la Guardia Nacional hicieron público el convenio de colaboración que ambas instituciones suscribieron el 13 de octubre, con respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional; el acuerdo abre un canal permanente de intercambio de inteligencia financiera entre el sistema de supervisión económica y el aparato de seguridad pública. Al mismo tiempo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conocida como SHCP, anunció el lunes 20 de octubre que la evaluación mutua que el Grupo de Acción Financiera Internacional —o GAFI— realiza a México entra en su etapa definitiva: la plenaria que resolverá el resultado se celebra del 26 al 30 de octubre en París, con las implicaciones reputacionales y regulatorias que eso conlleva para todo el ecosistema de cumplimiento del país. En paralelo, la UIF confirmó que el proceso de certificación para las personas que realizan actividades vulnerables no se llevará a cabo en 2026, y que la convocatoria se publicará en 2027, justo cuando las nuevas Reglas de Carácter General —publicadas como Acuerdo 115/2026— terminen de entrar en vigor. Pasemos a examinar cada uno de estos ejes.

UIF y Guardia Nacional firman convenio para compartir inteligencia financiera

La noticia más relevante de la semana llegó el martes 21 de octubre de 2026: la UIF y la Guardia Nacional hicieron pública la firma del Convenio de Colaboración que ambas instituciones suscribieron el 13 de octubre, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la que depende orgánicamente la Guardia Nacional.

El convenio establece mecanismos formales para que la Guardia Nacional pueda compartir con la UIF información de sus bases de datos y registros que resulte relevante para la detección de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. En sentido inverso, la UIF podrá generar y transferir productos de inteligencia financiera derivados de los reportes que recibe de los sujetos obligados del sistema. Uno de los objetivos declarados del acuerdo es mejorar la capacidad de rastrear a los beneficiarios finales —o beneficiarios controladores— de bienes y recursos que pudieran tener un origen ilegal. El texto también contempla acciones de capacitación especializada conjunta y establece que todo intercambio de información se realizará bajo los más altos estándares de legalidad, seguridad, integridad y estricta confidencialidad.

El contexto que rodea este convenio lo dota de particular importancia. Se firmó a diez días de que la plenaria del GAFI se reúna para discutir el resultado de la evaluación mutua de México, y llega apenas tres meses después del Convenio que la UIF y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros —conocida como CONDUSEF— suscribieron en julio de 2026. La arquitectura de inteligencia interinstitucional que la UIF está tejiendo en 2026 combina ahora datos del sistema financiero formal, reclamaciones de usuarios y registros de seguridad pública. Para los oficiales de cumplimiento, el mensaje es claro: el perímetro de supervisión al que están sujetas sus instituciones es hoy más ancho y más profundo que en cualquier momento previo.

Fuente: El Universal, Infobae México, Vanguardia, PorEsto, Serpientes y Escaleras — 21 de octubre de 2026.

México entra en la fase final de la evaluación del GAFI: la plenaria es del 26 al 30 de octubre

Pasemos ahora al tema regulatorio más urgente del momento. El lunes 20 de octubre, la SHCP emitió un comunicado en el que informó que la quinta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI a México se encuentra en su etapa final: las reuniones de trabajo previas a la plenaria ya iniciaron, y la sesión donde se discutirá y votará el resultado está programada para celebrarse del 26 al 30 de octubre de 2026 en París.

La evaluación mutua es el proceso mediante el cual el GAFI verifica qué tan efectivo es el sistema antilavado de un país, no solo si tiene las leyes correctas sobre el papel. México fue sometido a una visita in situ del equipo evaluador durante marzo de 2026, y desde entonces el proceso avanzó por las fases técnicas de revisión y discusión. Según versiones periodísticas publicadas por Milenio esta semana, circularon rumores sobre una posible calificación negativa, mismos que la SHCP no confirmó ni desmintió en su comunicado, limitándose a describir el estado del proceso.

El balance que lleva México a esta plenaria es mixto. En términos de cumplimiento técnico —es decir, si el país tiene las normas que el GAFI exige—, los análisis disponibles apuntan a entre 34 y 36 de las 40 Recomendaciones del GAFI como cumplidas o mayormente cumplidas. Sin embargo, en el pilar de efectividad —que mide si esas normas producen resultados reales en decomisos, condenas y reducción del crimen financiero— los rezagos son más visibles: la tasa de consignaciones en delitos de lavado de dinero en México es inferior al uno por ciento de los acusados, y la supervisión de actividades vulnerables no financieras todavía tiene brechas de cobertura importantes. La UIF reconoció ante los medios que los pendientes más señalados por el equipo evaluador incluyen la recuperación de activos, la supervisión de actividades vulnerables y la identificación de beneficiarios controladores de personas morales y otras estructuras jurídicas.

La implicación práctica para todos los sujetos obligados —tanto del sector financiero como de las actividades vulnerables— es que la calificación que México reciba el viernes 30 de octubre es un resultado colectivo. Cada organización que opera con programas de cumplimiento sólidos, evaluaciones de riesgo documentadas y avisos presentados en tiempo y forma contribuye al marcador de efectividad que el GAFI registra. Cada una que no lo hace, resta. El resultado se conocerá en los días siguientes a la plenaria y tendrá implicaciones directas en la agenda regulatoria del país para 2027.

Fuente: El Universal, Milenio, La Jornada San Luis, Cadena Política, El CEO, Nexium Consultores — 20 de octubre de 2026.

La certificación en actividades vulnerables se realizará en 2027: lo que implica para los sujetos obligados

Otro punto crítico de la semana —aunque la noticia se publicó a principios de octubre— es la confirmación de la UIF de que el proceso de certificación de personas que realizan actividades vulnerables no se llevará a cabo durante 2026. La razón declarada es que el marco normativo aplicable está en proceso de actualización, y que la convocatoria se publicará en 2027 a través de los canales oficiales de la UIF y del Diario Oficial de la Federación, o DOF.

La certificación es el mecanismo que acredita a las personas —tanto físicas como morales— que realizan actividades vulnerables en el sentido de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como LFPIORPI, como en cumplimiento con sus obligaciones. Su postergación no implica que las obligaciones de la ley queden en suspenso: los sujetos obligados deben continuar presentando avisos, manteniendo sus programas de cumplimiento actualizados y conservando la documentación requerida.

El aplazamiento se explica porque el calendario de implementación del Acuerdo 115/2026 —las Reglas de Carácter General modificadas que se publicaron en el DOF el 7 de agosto de 2026— establece que la mayor parte de sus obligaciones entra en vigor el 30 de noviembre de 2026, con algunas disposiciones específicas diferidas hasta 2027. Entre las más relevantes para las actividades vulnerables, los nuevos formatos de avisos por inusualidad —conocidos como avisos de veinticuatro horas— no comenzarán a aplicarse hasta el 1 de junio de 2027, fecha en que los formatos actuales seguirán siendo válidos hasta ese momento. Asimismo, la obligación de contar con una evaluación basada en riesgos documentada conforme al nuevo modelo tendrá como plazo de implementación el 1 de marzo de 2027.

Para los sujetos obligados que tenían planeado certificarse en 2026, la noticia implica reorganizar su agenda de cumplimiento pero no reduce su responsabilidad inmediata: las obligaciones de la LFPIORPI siguen vigentes y la supervisión de la SHCP y el Servicio de Administración Tributaria —conocido como SAT— no está en pausa. Plataformas como Artu permiten documentar el programa de cumplimiento de forma continua —evaluación basada en riesgos, manual de políticas internas, identificación de Personas Políticamente Expuestas, monitoreo de operaciones y registro de capacitaciones— de modo que cuando llegue la convocatoria de certificación en 2027, la organización esté lista sin necesidad de construir expedientes desde cero.

Fuente: IDC Online, La Jornada, Expansión — octubre de 2026.

Nuevos formatos de avisos y ajustes clave antes del 30 de noviembre

En materia regulatoria, también destacó esta semana la atención que los despachos especializados y los medios de cumplimiento pusieron en los ajustes operativos que los sujetos obligados deben absorber antes del 30 de noviembre de 2026, fecha en que la mayor parte del Acuerdo 115/2026 entra en vigor.

Entre los cambios más operativos se encuentran los nuevos formatos de avisos publicados por la UIF el 24 de septiembre de 2026 mediante una Resolución Miscelánea. Esos formatos actualizan los campos de información que deben incluir los avisos ordinarios y los avisos sobre operaciones inusuales. Una de las disposiciones más comentadas es la nueva modalidad del aviso de veinticuatro horas por sospecha, que obliga a reportar a la UIF dentro de ese plazo cuando una actividad inusual alcance el umbral de operación preocupante. Como se señaló antes, este aviso específico no aplicará hasta el 1 de junio de 2027, mientras que los formatos vigentes continuarán durante ese período de transición.

Otro ajuste que requiere atención antes del 30 de noviembre es el nuevo mecanismo obligatorio para identificar al beneficiario controlador: la persona física que, directa o indirectamente, posea el veinticinco por ciento o más del capital de una persona moral o que ejerza el control sobre ella. El Acuerdo 115/2026 precisa los procedimientos que los sujetos obligados deben seguir para identificar y verificar a estas personas, documentar el resultado y mantener actualizado el expediente. Las auditorías de cumplimiento calificadas como de riesgo alto deberán ser realizadas por un auditor externo certificado por la UIF, una exigencia que eleva el estándar de supervisión interna para las organizaciones con perfiles de riesgo más altos.

Los sujetos obligados que aún no han revisado sus programas de cumplimiento a la luz del Acuerdo 115/2026 tienen semanas contadas antes de que las nuevas obligaciones sean exigibles. La recomendación de los especialistas consultados por los medios esta semana es clara: no esperar a la publicación de la convocatoria de certificación en 2027 para comenzar la actualización.

Fuente: IDC Online, KPMG México, EY México, Forvis Mazars, IMCP — agosto y septiembre de 2026.

Bancos mexicanos refuerzan controles antilavado ante la presión creciente de Estados Unidos

Para cerrar la semana, vale la pena retomar el contexto que sigue presionando al sistema bancario mexicano. Expansión reportó el 2 de octubre de 2026 que las instituciones financieras del país han acelerado el fortalecimiento de sus estrategias de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo —PLD y FT— ante los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que identificaron en junio de 2025 a CIBanco, Intercam y Vector como instituciones con deficiencias en sus controles contra el lavado de dinero para cárteles del narcotráfico.

La presión bilateral ha persistido a lo largo de 2026. En septiembre pasado, el embajador de Estados Unidos en México señaló públicamente que la prioridad de la cooperación binacional en materia de seguridad no es solo perseguir el tráfico de mercancías o armas, sino seguir la ruta del dinero. La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos —conocida como FinCEN, por sus siglas en inglés— mantiene activo el monitoreo transfronterizo que comenzó con las acciones de 2025 y que se intensificó durante el alertamiento para el Mundial 2026.

Las instituciones financieras mexicanas que sobrevivieron el periodo de crisis reputacional de 2025 aceleraron sus inversiones en tecnología de cumplimiento, revisión de expedientes de clientes y detección automatizada de operaciones inusuales. Más allá de la banca, el caso pone sobre la mesa una reflexión que aplica a todo el universo de sujetos obligados: el cumplimiento de la LFPIORPI no opera en un vacío nacional. Los controles mexicanos son observados, calificados y —en casos extremos— sancionados también desde el exterior. La plenaria del GAFI de esta semana es el recordatorio más reciente de esa realidad.

Fuente: Expansión, Bloomberg Línea, El Congresista — octubre de 2026.

Conclusiones y Puntos Clave

La semana del 17 al 23 de octubre de 2026 concentró varios de los movimientos más significativos del sistema antilavado mexicano en lo que va del año: un convenio que une la inteligencia financiera con el aparato de seguridad pública, una evaluación internacional que resolverá su veredicto en días, y una ruta de implementación normativa con plazos muy próximos. Estos desarrollos no son eventos separados — apuntan a la misma conclusión: el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo es, en este momento, más urgente, más visible y más supervisado que en cualquier punto anterior.

A continuación, los puntos más importantes que todo profesional de cumplimiento debe tener presentes al cerrar esta semana:

  • Convenio UIF–Guardia Nacional del 13 de octubre: La UIF suma ahora los registros e información de la Guardia Nacional a su ecosistema de inteligencia, junto con los datos de CONDUSEF que ya cruzaba desde julio. Las organizaciones con programas de cumplimiento débiles o expedientes incompletos quedan más expuestas ante un sistema de supervisión interinstitucional en constante expansión.
  • Plenaria del GAFI del 26 al 30 de octubre: México sabrá en días si su evaluación mutua arroja una calificación favorable o si enfrenta señalamientos formales. Los rezagos en efectividad —baja tasa de condenas, brechas en supervisión de actividades vulnerables— son los factores de mayor riesgo. El resultado definirá la agenda regulatoria de 2027.
  • Certificación de actividades vulnerables en 2027: La convocatoria no se publicará este año. Sin embargo, las obligaciones de la LFPIORPI siguen vigentes y la supervisión no está en pausa. El tiempo que queda antes de la certificación debe usarse para dejar el programa de cumplimiento en condiciones óptimas.
  • 30 de noviembre: entra en vigor el Acuerdo 115/2026: La mayor parte de las nuevas Reglas de Carácter General serán exigibles desde esa fecha. Identificación de beneficiario controlador, nuevos formatos y auditorías externas para riesgo alto son los cambios más operativos. No esperar a diciembre para comenzar la revisión.
  • Nuevos formatos de avisos y aviso de veinticuatro horas: Los formatos actualizados ya fueron publicados. El aviso de veinticuatro horas por sospecha entrará en vigor el 1 de junio de 2027, pero preparar los procedimientos internos desde ahora es la ruta responsable.
  • Presión bilateral desde Estados Unidos: El caso CIBanco-Intercam-Vector de 2025 sigue teniendo reverberaciones en 2026. La banca mexicana acelera sus controles. Para cualquier sujeto obligado, el cumplimiento de la LFPIORPI es también una señal de solidez ante contrapartes internacionales que observan el sistema mexicano desde afuera.