Introducción analítica

En el ámbito de la prevención de lavado de dinero (PLD), las Personas Políticamente Expuestas (PEPs) son un foco de atención crítico debido a su potencial riesgo de involucrarse en actividades ilícitas. Según el último informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), alrededor del 10% de las investigaciones de lavado de dinero a nivel global involucran a PEPs, lo que subraya la importancia de una regulación rigurosa en esta área. En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) ha sido reformada para incluir una nueva fracción IX Bis en el Artículo 3, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de julio de 2025. Esta adición busca reforzar el marco regulatorio, obligando a los sujetos obligados a implementar procesos de debida diligencia más estrictos para identificar y monitorear a las PEPs de manera efectiva.

La reforma es particularmente relevante en un contexto donde el país ha experimentado un incremento del 55.8% en el uso de criptomonedas para actividades de lavado de dinero en 2025, según SILIKN. Este fenómeno, combinado con el hecho de que México es el segundo destino global de fondos provenientes de ciberdelitos, según el FBI Internet Crime Report de 2025, hace evidente la necesidad de fortalecer las medidas de control sobre las PEPs para mitigar riesgos potenciales de corrupción y financiamiento ilícito.

La inclusión de la fracción IX Bis en el Artículo 3 de la LFPIORPI redefine el concepto de Personas Políticamente Expuestas, alineando la normativa mexicana con los estándares internacionales del GAFI. Según la nueva definición, una PEP es cualquier persona que desempeñe funciones públicas destacadas a nivel nacional o internacional, incluyendo a sus familiares y asociados cercanos. Esta definición ampliada tiene el propósito de capturar una gama más amplia de individuos que podrían estar en posiciones de riesgo para cometer o facilitar actividades de lavado de dinero.

El Artículo 18 de la LFPIORPI, reformado también en 2025, establece las obligaciones específicas que los sujetos obligados deben cumplir respecto a las PEPs. Entre estas obligaciones se incluyen la implementación de una Evaluación Basada en Riesgos (EBR) documentada y la adopción de mecanismos automatizados de monitoreo para detectar operaciones inusuales. Estos mecanismos deben ser capaces de identificar transacciones que superen umbrales establecidos en veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para 2026, el valor diario de la UMA es de $113.14 MXN, por lo que una transacción que supere los 1,000 UMA, equivalentes a aproximadamente $113,140 MXN, debe ser objeto de escrutinio adicional.

Además, el Artículo 18 ahora incluye la obligación de conservar documentos relacionados con PEPs durante un periodo mínimo de diez años, garantizando que la información esté disponible para auditorías y revisiones regulatorias. Los sujetos obligados también deben presentar avisos de operaciones preocupantes en un plazo de 24 horas cuando se identifique una actividad sospechosa que involucre a una PEP, conforme al Artículo 18, fracción VI, párrafo segundo.

Análisis práctico

La implementación de estas disposiciones legales en la práctica requiere un enfoque estratégico y detallado por parte de los sujetos obligados. Un banco que maneja cuentas de PEPs debe asegurarse de que su sistema de monitoreo sea lo suficientemente robusto para captar cualquier operación que pueda indicar un riesgo de lavado de dinero. Por ejemplo, si un banco tiene una cartera de clientes que incluye a diez PEPs con un promedio de transacciones mensuales de $500,000 MXN cada una, el banco debe incluir en su análisis de riesgo la posibilidad de transacciones atípicas que superen el umbral de los 1,000 UMA.

Para cumplir efectivamente con las obligaciones de la LFPIORPI, los sujetos obligados deben seguir un proceso metódico:

  1. Identificación de PEPs: Utilizar bases de datos internas y externas, así como herramientas de inteligencia artificial, para identificar a clientes y sus asociados que califiquen como PEPs.

  2. Evaluación del riesgo: Cada PEP debe ser evaluado individualmente para determinar el nivel de riesgo que representa, considerando factores como el país de origen, la posición política y el historial financiero.

  3. Monitoreo continuo: Implementar sistemas automatizados que revisen las transacciones en tiempo real, alertando al equipo de cumplimiento ante cualquier operación que exceda los umbrales predeterminados.

  4. Capacitación del personal: Asegurar que el personal clave reciba capacitación anual específica sobre cómo manejar las relaciones con PEPs y reconocer señales de alerta.

  5. Reporte de operaciones inusuales: Cuando se detecten transacciones sospechosas, se deben reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de manera inmediata, cumpliendo con el plazo de 24 horas estipulado por la ley.

Riesgos y consecuencias

El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con PEPs puede resultar en severas sanciones económicas y legales para los sujetos obligados. La LFPIORPI, en su Artículo 54, establece multas que pueden oscilar entre 200 y 65,000 veces la UMA, lo que equivale a entre aproximadamente $22,628 y $7,354,100 MXN para el año 2026. Además, el uso de recursos de procedencia ilícita puede conllevar penas de prisión de 4 a 10 años, según el Artículo 63 de la ley.

Un caso documentado reciente involucra a un banco internacional que fue multado con más de 10 millones de dólares por no haber implementado medidas adecuadas para identificar y monitorear transacciones de PEPs, lo que resultó en el lavado de más de 50 millones de dólares a través de sus cuentas. Este caso ilustra la importancia de adoptar un enfoque proactivo y riguroso para gestionar los riesgos asociados con las PEPs.

Operativamente, el incumplimiento puede también dañar la reputación de la institución financiera, afectando su capacidad para operar en mercados internacionales donde la conformidad con estándares de PLD es un requisito crítico.

Mejores prácticas

Las instituciones más avanzadas en el manejo de PEPs han desarrollado un conjunto de mejores prácticas que les permiten mitigar riesgos de manera efectiva y cumplir con la normativa vigente:

  • Integración de tecnología avanzada: Utilizar software de inteligencia artificial para el análisis de grandes volúmenes de datos y la detección de patrones inusuales en tiempo real.

  • Colaboración interdepartamental: Establecer canales de comunicación claros entre los departamentos de cumplimiento, legal, y los equipos de operaciones para asegurar una respuesta coordinada ante posibles riesgos.

  • Auditorías internas y externas: Realizar auditorías regulares para evaluar la efectividad de los controles implementados y realizar ajustes necesarios.

Procesos específicos

  • Base de datos de PEPs: Mantener una base de datos actualizada que incluya información detallada sobre cada PEP, sus asociados y cualquier vínculo relevante.

  • Evaluaciones de riesgo personalizadas: Desarrollar matrices de riesgo adaptadas a las características específicas de cada PEP y su entorno operativo.

  • Capacitación especializada: Programar sesiones de capacitación que incluyan escenarios prácticos y estudios de caso para el personal encargado de la gestión de riesgos.

Tabla comparativa o de datos

Obligación Según LFPIORPI 2025 Antes de la Reforma 2025
Evaluación Basada en Riesgos (EBR) Obligatoria (Art. 18, Fracción VII) No estaba especificado
Manual de Políticas Internas PLD/FT Obligatorio (Art. 18, Fracción VIII) No estaba especificado
Mecanismos automatizados de monitoreo Obligatorios (Art. 18, Fracción X) No estaba especificado
Auditoría PLD Obligatoria (Art. 18, Fracción XI) No estaba especificado

Estas adiciones refuerzan la estructura de control requerida a los sujetos obligados, elevando el estándar de cumplimiento y mitigación de riesgos.

Conclusión estratégica

La inclusión de la fracción IX Bis en el Artículo 3 de la LFPIORPI representa un avance significativo en la regulación de PEPs en México. Las instituciones deben adoptar un enfoque proactivo y basado en riesgo para gestionar las relaciones con PEPs, utilizando tecnología avanzada y manteniendo una comunicación fluida entre los distintos departamentos responsables de cumplimiento. Las sanciones por incumplimiento son severas y tienen el potencial de causar daños financieros y reputacionales significativos. Por lo tanto, es esencial que los sujetos obligados no solo cumplan con las obligaciones legales, sino que también desarrollen una cultura organizacional centrada en la ética y la transparencia.

FAQ

1. ¿Qué cambios específicos introduce la fracción IX Bis del Artículo 3 para las PEPs?

La fracción IX Bis del Artículo 3 de la LFPIORPI amplía la definición de Personas Políticamente Expuestas, incorporando no solo a los funcionarios públicos destacados sino también a sus familiares y asociados cercanos. Esto expande el alcance de los sujetos obligados para incluir a individuos que podrían no ser PEPs por sí mismos, pero que debido a sus conexiones, representan un riesgo elevado de involucrarse en actividades de lavado de dinero. Esta ampliación alinea la regulación mexicana con las recomendaciones del GAFI, facilitando un mayor control y monitoreo sobre las transacciones y relaciones bancarias de estas personas.

2. ¿Cómo afecta la nueva regulación a los procesos de debida diligencia?

La introducción de la fracción IX Bis impone a los sujetos obligados la necesidad de fortalecer sus procesos de debida diligencia, específicamente en la identificación y monitoreo de PEPs. Esto significa que las instituciones deben implementar sistemas que permitan un análisis más profundo de los antecedentes y el comportamiento financiero de estas personas, evaluando el riesgo que representan en función de su perfil y contexto. Los sistemas automatizados de monitoreo son ahora una herramienta esencial que se debe integrar en las operaciones diarias para garantizar el cumplimiento.

3. ¿Qué tecnologías están utilizando las instituciones para cumplir con estas nuevas obligaciones?

En respuesta a las nuevas obligaciones impuestas por la fracción IX Bis, las instituciones financieras están adoptando tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar sus capacidades de detección de riesgos. Estas tecnologías permiten analizar grandes volúmenes de datos y detectar patrones inusuales que podrían indicar actividades sospechosas. Además, se están utilizando plataformas de monitoreo en tiempo real para asegurar que cualquier transacción que supere los umbrales establecidos sea identificada y revisada de inmediato.

4. ¿Cuáles son las sanciones específicas por incumplimiento relacionadas con las PEPs?

Las sanciones por incumplimiento de las obligaciones relacionadas con las PEPs, según el Artículo 54 de la LFPIORPI, pueden variar desde multas de 200 hasta 65,000 UMA, es decir, entre aproximadamente $22,628 y $7,354,100 MXN. Estas sanciones reflejan la seriedad con la que las autoridades mexicanas están abordando el riesgo asociado a las PEPs. Además de las sanciones económicas, existe el riesgo de enfrentar consecuencias legales más severas, como penas de prisión, en casos de participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

5. ¿Cómo se diferencia una evaluación basada en riesgo para PEPs de otras evaluaciones de riesgo?

Una evaluación basada en riesgo para PEPs es más detallada y específica que otras evaluaciones de riesgo debido a la naturaleza del riesgo que estas personas representan. Las instituciones deben considerar factores como la jurisdicción del país donde la PEP desempeña sus funciones, su nivel de exposición pública, y cualquier historial previo de investigaciones por corrupción o lavado de dinero. Estas evaluaciones requieren un enfoque más personalizado y, a menudo, implican una revisión más frecuente y exhaustiva para asegurar que los riesgos se gestionen adecuadamente y se cumpla con las regulaciones vigentes.